A cuatro días de reclamarle a la Presidenta una reunión con carácter de urgencia, la CGT, con Hugo Moyano a la cabeza, llevará hoy sus exigencias al despacho de Cristina Kirchner. Definirán el número final del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias y las asignaciones familiares. Pero el diálogo podría perderse en un laberinto cuando se converse sobre la deuda de 9000 millones de pesos que le reclaman los gremios al Estado.

Justamente, la central moyanista había amenazado con denunciar judicialmente al Estado si no se acuerda un mecanismo de pago de la deuda que el Fondo Solidario de Redistribución mantiene con las obras sociales sindicales.

La resolución de Ganancias genera amplias expectativas. Actualmente, el mínimo no imponible, fijado en $ 4818 para empleados solteros y en $ 6662 para casados, alcanza a más de un millón y medio de trabajadores en relación de dependencia. El Gobierno anunciaría una suba en el piso del 20 por ciento. Es decir, las cifras ascenderían a $ 5781,6 y $ 7994,4, respectivamente.

La carpeta de Ganancias ya está en manos de la Presidenta. Ayer afinaron detalles en la Casa Rosada el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el ministro de Economía, Amado Boudou.

El Gobierno tiene intenciones de agilizar el anuncio de suba del mínimo no imponible de ganancias para descomprimir las futuras negociaciones paritarias. Así, pretende bajar los decibeles de las expectativas de aumentos de precios e inflación, luego de haber dado la señal del 24% de aumento para los camioneros, lo cual se considera un índice moderado dentro de las expectativas que surgían desde otros sectores.

"Modificar el piso del impuesto a las ganancias es un viejo reclamo de la CGT, aunque no es un problema general de todos los trabajadores. Tendremos en cuenta la inflación", aseguró a La Nacion el dirigente Juan Carlos Schmid, que asistirá hoy a la audiencia con la Presidenta.

Moyano será acompañado por 11 dirigentes. Lo secundarán sus más cercanos, como Omar Viviani, Schmid y Omar Plaini, pero también asistirán los dirigentes de los gremios más vigorosos, como la Uocra, Smata y la UOM.

Otro de los temas sobre los que podrían surgir diferencias es la discusión por el protagonismo electoral que tendrán los sindicalistas.

El lunes pasado, la CGT había amenazado con demandar judicialmente al Estado si no se acuerda un mecanismo de pago de la deuda con las obras sociales sindicales.

"Con las obras sociales podrían surgir diferencias y complicaciones. Pero no habrá problemas, seguro", pronosticó un dirigente que mantiene mejor relación con la Casa Rosada que con el propio Moyano.

En busca de dar una señal de acuerdo, anteayer, mediante la resolución 82/2011, el Banco Nación le transfirió $ 13.499.558 a la Superintendencia de Servicios de Salud. Estos fondos serían para los reintegros que reclaman las obras sociales.

Durante 2011, el Gobierno prevé cancelar $ 1000 millones de la deuda reclamada. De hecho, unos $ 250 millones fueron abonados el 27 de enero pasado, según el decreto 77/2011. El resto del pago se completaría entre abril, julio y septiembre, de acuerdo con las previsiones oficiales.

Los gremialistas bajaban anoche en tinta otros planteos para hacerle en persona a Cristina Kirchner. La puja por mayor protagonismo político y electoral no será un tema que se pasará por alto. Pretenden ganar espacios en las listas tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Y no dan por muerto el sueño de instalar al futuro compañero de fórmula en una hipotética candidatura a la reelección de la Presidenta.