Cristina Fernández de Kirchner mantiene con persistencia el foco en la Justicia, una ofensiva que por momentos compite temáticamente con el coronavirus, la agotadora cuarentena y la crisis. Pero nunca como en las últimas horas coronó un mensaje múltiple con apenas un par de recursos: algo de Twitter y trascendidos. 

Dijo que la reforma del fuero federal está lejos de ser la reforma a la que aspira. Colocó ese proyecto enviado por Alberto Fernández en segundo nivel. Aprovechó para apuntarle otra vez a la Corte Suprema. Y dejó circular su malestar por el “poco esfuerzo” que atribuye a funcionarios nacionales en esta batalla. Como contracara, se encargará hoy de asegurar la sanción de la iniciativa en el Senado.

 

La ex presidente convocó para esta tarde a la sesión virtual que debe tratar el texto que impulsó el Presidente, que incluyó algunas modificaciones en el ida y vuelta de la interna, y que finalmente fue redondeado en un dictamen de mayoría. El texto sumó notoriedad con la denominada “cláusula Parrilli”, que apunta a condicionar a los medios: un añadido con el sello CFK. Oscar Parrilli se encargó del ruido y el encolumnamiento del bloque le dio volumen político. Sin embargo, ella misma se ocupó de colocar todo en una jerarquía menor a su idea global de reforma.

El proyecto en cuestión aglutinó a Juntos por el Cambio en el rechazo, que al menos en este tema borró diferencias entre las categorías, inestables, de duros y moderados. Y además, al parecer quedaron cerradas definitivamente las ventanillas para entendimientos parciales que pudieran oxigenar la reforma en el Congreso, básicamente por intermedio de jefes de distrito, según fuentes de la oposición. El pronunciamiento siempre cuidado de Horacio Rodríguez Larreta marcó esa línea. Y las declaraciones de María Eugenia Vidal habrían completado el círculo.

Oscar Parrilli, promotor en público del agregado que apunta a condicionar a los medios periodísticos.

Ese es un resultado en el que de hecho colaboraron otros gestos y cargas desde Olivos. El último episodio, con el ministro Nicolás Trotta como protagonista, fue entendido como una movida sorpresiva por Rodríguez Larreta, cuyos funcionarios preferían no asociarla directamente al bloqueo de la reforma judicial. Trotta rechazó la propuesta y los protocolos para habilitar escuelas con el objetivo de reconectar a unos cinco mil alumnos que por distintas razones no siguieron con las clases virtuales. El tema, dicen, había sido charlado previamente, y anticipado al Presidente. No sería un capítulo cerrado.

En ese clima de tensión y de recelos, según el caso, la principal oposición decidió ir fuerte contra el proyecto judicial, al que vinculan naturalmente con un plan más amplio: las presiones sobre la Corte Suprema, el intento de desplazar a una decena de jueces trasladados durante la gestión de Mauricio Macri y la carga contra el procurador general interino, Eduardo Casal.

La sesión del Senado tal vez anticipe el tono de la pelea, aunque está descartado que el oficialismo impondrá su mayoría para sancionar el texto. En cambio, es de mínima incierto el trámite en Diputados. Allí, la inquietud se traslada al despacho principal de Sergio Massa y a Máximo Kirchner, el jefe del bloque. Las señales en contra –públicas y en algunos casos, en privado- de “lavagnistas”, peronistas corodobeses, dos legisladores de origen socialistas y uno o dos que habían saltado desde JXC anticipan la posibilidad de una caída. Y si no hay número, el fracaso tomaría forma de aplazamiento sin fecha del debate.

Jefes del interbloque de Juntos por el Cambio, en Diputados. Allí concentran la ofensiva para rechazar la reforma judicial.

Un desenlace de esa naturaleza constituiría un problema político serio para Alberto Fernández, porque de hecho el oficialismo lo convirtió en una prueba crucial más allá incluso del contenido. Y también lo sería para CFK. La ex presidente parece haberse anticipado con su mensaje, para licuar costos personales y colocar el peso en Olivos.

Oficinas del kirchnerismo duro dejaron trascender que la vicepresidente está enojada porque los funcionarios nacionales no están saliendo a defender como corresponde el proyecto para modificar y ampliar la justicia federal. Esto último –la creación de tribunales en provincias, reclamados por algunos gobernadores- reafirmaría votos propios pero no garantizaría la pelea en Diputados.

CFK construyó así una manera de deslindar responsabilidades y de atribuir una posible derrota, con sus costos, al círculo de Olivos. Pero al mismo tiempo -con un elaborado texto de diez párrafos-, CFK buscó colocar el proyecto en un rango menor a sus objetivos de fondo, con bastante realismo respecto de sus intenciones y con sentido práctico para tratar de reducir el impacto en caso de frustración en Diputados.

En ese mismo documento, que linkeó en su cuenta de Twitter, destacó como un verdadero proyecto de reforma judicial su plan de 2013, que naufragó en la Justicia. Y como proyecto “de facto” el que adjudicó a Macri, una variación en su insistencia con el lawfare. Los dardos tuvieron también otros blancos: expuso su vieja factura a la Corte Suprema de entonces y habló de “asonadas mediáticas”. Dos obsesiones con rango superior en su juego político.