El bloque oficialista dio un giro de último momento y aceptó los cambios que el ministro de Salud propuso al proyecto para regular prepagas, que habían ignorado en el dictamen firmado un día anterior. Consisten en que su cartera sea la única autoridad de aplicación, en desplazo de Guillermo Moreno, y se excluya de la norma a las obras sociales sindicales. El lobby de las prepagas no dio resultado para modificar el artículo 10 que las obliga a aceptar afiliados con enfermedades preexistentes, Esperan rápido trámite en Diputados.
También se excluyó en forma expresa las obras sociales sindicales, aun si prestaran servicio como prepaga, aunque no se salvó a las privadas que cumplen la doble función, como Osde.
La oposición ya había prestado acuerdo para estos cambios por lo que la votación en general fue por 59 a 0 y ahora el proyecto deberá ser ratificado por Diputados. “No creo que tengan problemas en aprobarlo”, confió la oficialista Liliana Fellner, miembro informante de su bloque.
Los senadores sí desestimaron el fuerte lobby realizado por las empresas para excluir el artículo 10, que las obliga a aceptar afiliados con enfermedades preexistentes con la opción de fijar un arancel diferencial.
El principal promotor de cambiar ese aspecto fue el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, quien hasta le envió una carta personal a los 72 senadores adviritiendo que el sistema quebraría con esta ley. En su última aparición pública, advirtió que irían a la justicia si eso ocurría.
"A partir de la sanción de esta norma vamos a evitar algunas asimetrías que existen en la actualidad", celebró el radical José Cano, presidente de la Comisión de Salud.
"Independientemente de los subsectores a los que pertenezca deben garantizarse que las enfermedades crónicas tengan un mismo nivel de calidad de prestación. Argentina el 25 por ciento corresponde al subsector público y casi un 45 por ciento a la medicina prepaga", remarcó el senador.
También justificó el artículo temido por los empresarios en que un gran porcentaje de los más de 4 millones de afiliados corresponden a obras sociales sindicales que firman convenio con las prepagas, quedado luego un espacio vacío en caso de incumplimiento en las prestaciones.
Otro acuerdo a último momento fue eliminar el artículo 22, que obligaba a las prepagas mantener el 50 por ciento de su capital en una "reserva técnica" que garantice las prestaciones y el otro cincuenta por ciento en instrumentos financieros.
Desde la discusión por el orden del día, ningún bloque quería ser responsable de que el proyecto no se tratara y perdiera estado parlamentario, como ya ocurrió con todas las normas impulsadas para controlar el sistema privado de Salud.
Pero una escena durante ese debate explicó lo sucedido horas más tarde. Mientras Pichetto peleaba para que el tema fuera el primero en tratarse, una colaboradora le acercó insistentemente un teléfono en plena sesión. Lo derivó en Nicolás Fernández, la otra autoridad del bloque, quien salió del recinto y luego de regresar le habló al oído.
De inmediato, Pichetto dijo que en un gesto de buena voluntad aceptaría dejar para el final el tema prepagas, donde impulsarían cambios que pedía Manzur, los mismos que la oposición avalaba en soledad hasta el día anterior.
El principal era que su organismo sea la única autoridad de aplicación, cuando el proyecto establecía que la secretaría de Comercio tenga esa facultad en caso de cuestiones de competencia.
Cuando llegó el debate, Cano se opuso a rechazar abiertamente mutuales y cooperativas porque, explicó, había obras sociales como Osde que cumplían el servicio de prepagas y de prestataria única.
Conciliador, Pichetto le pidió solamente excluir de la regulación en forma expresa las obras sociales sindicales, principal pedido de Manzur. Y así la ley salió por unanimidad aunque deba ahora ser ratificada por Diputados, donde seguramente habrá acuerdo para que sea ley, si oficialismo y radicalismo repiten sus posturas.




Comentá la nota