Los votos no alcanzan pero la nueva orden es ir hacia delante. El Gobierno se encamina hacia una previsible derrota en el Congreso, donde la oposición tiene por ahora la fortaleza suficiente para terminar con la vida del decreto que buscó pagar la deuda con reservas del Banco Central. Sin embargo, la última directiva de la presidenta Cristina Fernández fue avanzar igual. A todo o nada. Una réplica de la resolución de la crisis del campo.

Ante un desenlace que prevén desfavorable, en la Casa Rosada ya comenzaron a delinear una estrategia para atravesar 2010 sin contar con los 6.569 millones de dólares que pensaba tomar de las reservas. En principio, en el Gobierno estiman que una parte del Fondo del Bicentenario se puede salvar. Se trata de los 2.187 millones de dólares que estaban destinados a pagar vencimientos con organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial o el BID.

Cuando el Congreso aprobó en 2005 el decreto que permitió cancelar toda la deuda con el FMI se reformó la Carta Orgánica del Banco Central y autorizó a usar las reservas de libre disponibilidad para el pago de obligaciones con los organismos financieros internacionales. Es la herramienta que va a reflotar la Casa Rosada para preservar una tajada del Fondo.

La parte insalvable son los 4.382 millones de dólares que estaban destinados a los tenedores privados de bonos. Ayer, en el Gobierno respondían que si la oposición finalmente derriba el decreto de necesidad y urgencia no quedará más remedio que apostar a un aumento de la recaudación y encaminarse hacia un nuevo endeudamiento, aunque la tasa supere largamente el 10% que se había fijado como límite el ministro de Economía, Amado Boudou.

La muerte del Fondo del Bicentenario, sin embargo, no representaría sólo un replanteo económico sino también un tembladeral político. La distribución de recursos fue siempre uno de los pilares de la práctica política del kirchnerismo. Una caja ajustada sólo significaría mayor debilidad.

La resolución de la pelea por las reservas inaugura una nueva etapa política signada por la endeblez parlamentaria del Gobierno.

Un anticipo de la tónica que marcarán los dos años que restan del gobierno de Cristina Fernández se delineó ayer en las conversaciones telefónicas que cruzaron los principales negociadores oficialistas. Los interlocutores lo resumían con dos lineamientos: apostar a tomar medidas por decreto y vetar las leyes sin consenso que apruebe la oposición, como la coparticipación del impuesto al cheque promovida durante las últimas dos semanas.

Así se anticipa la convivencia política para los meses que restan hasta el traspaso de poder, a menos que un milagro cambie la lógica política que actualmente domina al oficialismo y la mayor parte de la oposición.

La última señal del nuevo tiempo es que la frustración por el fracaso de las negociaciones en el Congreso llevó a la Presidenta a decidirse por jugar a suerte y verdad en la votación. En la Cámara de Diputados, la mayoría opositora dejó sin posibilidades de éxito al kirchnerismo. La esperanza era el Senado, donde el oficialismo contaba con mayores posibilidades de amalgamar una mayoría.

En la Cámara alta el gran anhelo kirchnerista era sumar a los senadores justicialistas de La Pampa, Carlos Verna y María de los Ángeles Higonet. Pero ayer los daban por perdidos. Una mezcla de furia y desazón atravesaba al oficialismo en la primera jornada del fin de semana. "A Verna le hablamos del Fondo del Bicentenario y nos responde que quiere un despacho más grande", se quejaba un senador del Frente para la Victoria.

Si el decreto de necesidad y urgencia se ve finalmente derrotado, el oficialismo buscará cargarle el peso de las consecuencias a la oposición.

"Cuando el gobernador de La Pampa, Oscar Jorge, venga a pedir plata a la Nación vamos a responderle que no hay porque tenemos que pagar la deuda, que se arregle, nosotros no somos los que tenemos problemas para pagar los sueldos", amenazaba ayer un protagonista de las negociaciones. La advertencia incendiaria, por supuesto, también es parte de los últimos intentos de presión para empujar a los pampeanos hacia el voto positivo. Y además busca poner un fin a los pedidos de Verna, que disfrutó dos semanas de ofertas.

Sin descanso, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, volvió ayer a sumar presión al asegurar que el Fondo del Bicentenario "beneficia a la sociedad", mientras que un rechazo al DNU que fijó su creación significaría "un beneficio ligado a la politiquería".

A través del senador Nicolás Fernández, el oficialismo había amagado con proponer reemplazar el decreto con una ley, en un intento por acercar a los radicales. Cuando la tarde del sábado desaparecía, nadie daba crédito al éxito de la negociación.

"Los que quieren hacerlo por ley que presenten el proyecto", respondió a los radicales Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, luego de insistir en que "el oficialismo va a intentar construir consenso parlamentario". Pero en la UCR evalúan que cualquier acuerdo con el oficialismo tendría un costo político excesivo. Así las cosas, el diálogo aparece como imposible.

El decreto de necesidad y urgencia que dio vida al Fondo del Bicentenario fue frenado por la Justicia, a la espera de una resolución en el Congreso. En los tribunales, el Gobierno apuesta a una resolución de la Cámara Contencioso-Administrativa que levante la suspensión hasta tanto se expida la Corte Suprema.

La oposición, entre tanto, tiene sus propios problemas. Por caso, no todos coinciden con rechazar el decreto de necesidad y urgencia sin ofrecer una alternativa. Unos defienden el pago de la deuda. Otros quieren investigarla. Afloran entonces las profundas diferencias que separan a sus integrantes cuando desaparece el objetivo unificador de resistir una medida de gobierno.