Dicen que para conocer algo hay que medirlo. Si es así la economía argentina está en problemas, porque el INDEC ya lleva seis años intervenido y durante este periodo no ha hecho otra cosa que difundir porcentajes de inflación muy por debajo de la escalada de precios real. Para saber cuales son las causas y las consecuencias de esta manipulación, El Diario de la República entrevistó a Adrían Garraza, titular de la Dirección Provincial de Estadística y Censos, la única entidad en el país que elabora un IPC de manera independiente al Gobierno nacional.

-¿Cuando y por qué comenzó a medir San Luis de manera autónoma los precios?

-La serie más larga que tiene la República Argentina es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Buenos Aires, que medía sólo Capital Federal más el conurbano bonaerense. A medida que fue pasando el tiempo se vio la necesidad de hacer un IPC nacional y en el 2003 se creo un programa dentro del INDEC. San Luis hizo un esfuerzo para poder ingresar y empezó a hacer relevamientos de precios junto con Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Las variables que difundían las provincias eran razonables y sólo había pequeñas variaciones. Todo iba de manera más o menos normal hasta el último trimestre del 2006 cuando Néstor Kirchner, que era el presidente, había declarado que la inflación de ese año iba a ser menor al 10 por ciento a pesar que las mediciones interanuales daban un 11 por ciento. Pero en los últimos meses el registro empezó a mermar y dio para Buenos Aires un 9,9 por ciento. A principios del 2007 se despide a Graciela Bevaqua, que era la directora del IPC del INDEC, e incorporan a Beatriz Paglieri, una persona muy cercana a Guillermo Moreno. Ahí comienzan los problemas y a darse cifras distintas entre Buenos Aires y las provincias. Pero a San Luis no le modifican los datos porque nosotros los controlábamos adecuadamente. Creo que en un principio el Gobierno nacional supuso que la publicación de valores reales y más elevados de inflación para San Luis era políticamente inconveniente para el Ejecutivo puntano, porque se generaba la sensación que la provincia era mucho más cara. En realidad no era más cara, sino que decíamos la verdad sobre la evolución de los precios. El INDEC nos corta la financiación en el 2007, la única provincia donde ocurrió esto. Sin embargo, anticipamos esta reacción y habíamos empezado a trabajar para contar con un sistema propio, algo que pudimos tener listo en el 2008. Todo lo que hizo San Luis fue posible porque hubo una decisión política.

-¿Qué sensación le genera lo que ocurre con el INDEC?

-Dolor y tristeza, porque era uno de los principales organismos de estadística en el mundo. La credibilidad del INDEC está destruida por lo que le hicieron. Pero el problema más complejo es que han roto la estructura. Han despedido y cesanteado a técnicos muy valiosos y otros renunciaron porque no podían soportar las presiones. Por eso los técnicos que hay ahora no son tan buenos como los de antes. Otra cuestión preocupante para el país que deriva de esta situación es el crecimiento de las consultoras, que brindan números que no son confiables. Para elaborar el IPC de San Luis trabajan de manera exclusiva nueve personas, que reciben un sueldo una vez por mes. Si querés tener esta estructura en una consultora privada no es redituable, porque nadie paga nueve salarios para conocer sólo el nivel de inflación. Las consultoras son empresas privadas y esto no les da dinero. Para hacer un índice de precios se necesita una estructura que debe ser estatal. Hay que recordar que etimológicamente estado y estadística tiene la misma raíz, el estado no puede despreocuparse por las estadísticas.

-¿Cuál es la metodología que utiliza la provincia para medir la inflación?

-Nuestro índice está bien conceptuado a nivel nacional y es la metodología que utilizó el INDEC hasta el 2007 y que está universalmente aceptada. A nosotros nos han chicaneado al decir que es la que usa el FMI, pero no dicen que la Organización Mundial del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo también la consideran como la más adecuada. Para hacer el IPC, se genera una canasta de consumo de los hogares en la que se ponderan los precios. La suba de un clavo, por ejemplo, impacta menos que la del pan, porque este es un artículo de mayor consumo. En el cálculo actual del IPC de San Luis se utilizan más de 400 productos, que son medidos durante los 22 días hábiles.

-¿Por qué es importante medir correctamente los precios?

-El indicador tiene múltiples usos. Hay bonos de deuda argentina que se ajustan por CER, un índice determinado principalmente por la inflación. Las actualizaciones de deudas laborales también se hacen según el IPC.

-¿San Luis es la única provincia que hoy mide de manera autónoma la inflación?

-Si, está Salta que tiene algo parecido pero con un sistema más antiguo. Además no siempre lo publican con la puntualidad con la que lo hacemos en San Luis.

-¿El INDEC cambió su sistema de medición para justificar precios más bajos?

- Lo que se sospecha es si el INDEC pone un tope a los precios. Las mediciones mensuales de inflación que da siempre exhiben variaciones que están entre un 0,7 o 0,8 por ciento. Son valores muy planchados que no son razonables. No puede ser que el precio de los hoteles te de siempre una suba tan prolija cuando todo el mundo sabe que es un valor con fuertes variaciones estacionales. Otro ejemplo son las cuotas de los colegios privados, que aumentan cuando empiezan las clases y después se mantienen estables. Que las curvas sean tan lineales es otra prueba que el sistema del INDEC es irrazonable y no funciona.

-¿Tienen sospechas que las distorsiones se manifiestan en otras mediciones?

-Si. La canasta básica alimentaria comprende un conjunto de productos que son necesarios para que una persona adulta pueda realizar sus actividades diarias manteniendo su peso. Pero si los precios son más bajos que los reales vas a tener una canasta con valores inexistentes. Por eso salen después esos informes en los que se asegura que una persona puede comer con seis pesos por día. La canasta básica total incluye, además de los alimentos, algunos bienes y servicios. Las dos sirven para determinar la línea de la indigencia y la pobreza. El INDEC dice que se necesitan 700 pesos para que una familia de cuatro miembros no sea indigente y que sólo el 2 por ciento del país no tiene ese ingreso. Pero si los precios fueran reales tendríamos una indigencia cercana a los 8 y 9 puntos.

-¿La medición del producto bruto interno también está afectada por la distorsión en los precios?

-El PBI es el cálculo más difícil desde el punto de vista estadístico, porque computa el dinero equivalente a toda la producción de bienes y servicios del país. El PBI tiene distintos ítems. En algunos casos estos ítems se calculan a través de un bien. Por ejemplo, la producción de mil autos que implica un crecimiento del 10 por ciento. Sin embargo, hay servicios, como la intermediación financiera, que no pueden computarse físicamente, y ciertos ítems del PBI se calculan según la inflación, y si está subvaluada las ganancias calculadas son mayores. Un banco que haya recibido depósitos por un 30 por ciento, con una inflación del 23 por ciento, tiene una ganancia del 7 por ciento. Pero si tenés una inflación del 10 por ciento el margen de ganancia es del 20 por ciento; entonces el PBI muestra un crecimiento superior al real.

-¿La provincia continuará con su política de medir de manera autónoma la inflación?

-Nuestra decisión es seguir informando la verdad. Estamos trabajando para mejorar la medición. Este año vamos a actualizar la canasta ya que hoy se utilizan datos de la encuesta de gasto de hogares del INDEC para el 1997. Esto implicará considerar nuevo productos. El fernet no era un artículo de consumo masivo en los hogares en 1997, pero hoy si lo es.