Por Esteban Rafele

El Fondo Monetario Internacional (FMI) adjuntó a su último staff report -la evaluación del programa con Argentina- una propuesta de reforma impositiva que al Círculo Rojo le resultará simpática. El organismo sugirió, entre otras cosas, eliminar las retenciones y bajar la carga sobre empresas, y compensarlo con más impuesto a las Ganancias de las personas -trabajadoras, productoras, empresarias-.

El trabajo de los especialistas del Fondo sostiene que lo que el Estado nacional dejaría de recaudar al eliminar las retenciones a la soja volvería por una mejora en la producción que redundaría en mejor ingreso por el impuesto a las Ganancias (coparticipable). En paralelo, celebró la baja en las alícuotas del impuesto patrimonial nacional, Bienes Personales, y sostuvo que la menor carga impositiva a las exportaciones agropecuarias permitiría que las provincias actualizaran sus impuestos inmobiliarios rurales, cuyas valuaciones están muy atrasadas.

La ingeniería para recaudar más y repartir mejor la torta es un tema que se discute cada vez más. Como contó este sábado Letra P, los países intentan coordinar políticas en la ONU y el G-20 para que los altos patrimonios paguen más impuestos.

Hasta el papa León XIV le dedicó la encíclica de este lunes a los tecnorricos y a la manera en que su poderío afecta a los Estados y a la organización de la vida cotidiana.

Pero Argentina va en sentido contrario: reduce el peso de los impuestos patrimoniales y favorece a las grandes empresas con alícuotas reducidas del impuesto a las Ganancias. Se entusiasma con figuras como Peter Thiel (que, irónicamente, vive del Estado) y promete recortes adicionales de impuestos a data centers con el súper-RIGI.

Las cerealeras y la ingeniería para eludir impuestos

Distintos estudios muestran que las compañías y sus dueños, a su vez, accedieron a subsidios y perfeccionaron esquemas para eludir el pago de tributos en el país.

En agosto de 2023, los investigadores Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti publicaron un informe sobre la forma en la que las grandes cerealeras eluden el pago de impuestos triangulando ventas a través de empresas “cáscara” radicadas en Uruguay.

Las firmas aprovechan el régimen de zonas francas de ese país, que exonera el pago de todo impuesto nacional y les permite el ingreso y la salida de bienes libres de impuestos. Solo deben pagar contribuciones a la seguridad social para el reducido grupo de trabajadores radicados allí y aproximadamente un 0,75% de impuesto a las Ganancias.

Las cerealeras crearon empresas "cáscara" en Uruguay para triangular y eludir impuestos.

Con datos de los balances de las empresas y el fisco uruguayo, los investigadores mostraron que, entre 2017 y 2021, las compañías subfacturaron exportaciones desde Argentina y Brasil hacia filiales de Uruguay para venderlas, desde allí, al resto del mundo a precio de mercado.

“La facturación de estas firmas uruguayas representa 43% del valor bruto de producción, el 72% del PBI y el 300% de las exportaciones de Uruguay”, afirmaron Gaggero y García Zanotti. Con estos mecanismos, las empresas obtuvieron ganancias por casi u$s 2600 millones en cinco años.

Tanto las multinacionales como los grupos de origen argentino, como Pérez Companc, Aceitera General Deheza (AGD) y la quebrada Vicentin -con el Banco Nación entre sus principales acreedores-, explotaron este recurso para eludir el pago de impuestos. Los grupos nacionales llegaron a registrar en Uruguay hasta el 100% de su facturación. Los extranjeros, como Cargill, Bunge y otros, operan desde distintos puertos libres de impuestos.

Las cerealeras aceitaron esquemas para facturar hasta el 100% de sus ventas en Uruguay.

Según estimaciones de Tax Justice Network, este tipo de maniobras de triangulación y ocultamiento de activos le cuestan al Estado nacional entre 1200 y 2400 millones de dólares al año en impuestos no cobrados.

No solo el agro se aprovecha de las ventajas impositivas de Uruguay. El país vecino solo cobra el impuesto a las Ganancias (una alícuota máxima del 25%) por la renta generada en su territorio, a diferencia de Argentina, Brasil o México, que calculan la base imponible sobre la renta mundial de las empresas de origen nacional. Esa diferencia permite que Mercado Libre tenga su domicilio en la zona franca de Montevideo, a pesar de su origen argentino y de su fuerte crecimiento en las dos principales economías de América Latina.

Vaca Muerta: subsidios y beneficios

En diciembre pasado, una investigación que García Zanotti publicó para la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) mostró, a partir del seguimiento histórico de los balances de 16 compañías petroleras, el rol del Estado en el desarrollo de Vaca Muerta y cómo la recaudación no creció a la par del negocio.

El informe destaca que el Estado jugó un papel “central” para establecer las condiciones de la actividad. Primero, con la participación de YPF como empresa líder. Luego, con distintos esquemas de precios regulados que funcionaron como sostén ante la caída del valor internacional. Incluso, con el Estado pagando el gas a un precio superior al del mercado para garantizarles una renta a las empresas que tenían que sacar el fluido de Vaca Muerta al inicio de la aventura.

El Plan Gas de Cristina Fernández de Kirchner y la Resolución 46/2017 de Mauricio Macri fijaron condiciones que, diez años después, parecen excesivas, aunque se juzgaron necesarias para desarrollar el recurso. “La magnitud de estos subsidios fue tal, que en algunos casos superaron el monto total de recursos fiscales abonados por las empresas receptoras. En particular, Tecpetrol recibió subsidios por un valor equivalente a 133% más que el total de recursos fiscales abonados entre 2018 y 2021 (incluidas las regalías provinciales)”, se lee. Tecpetrol acaba de ganarle un juicio al Estado porque, tras el acuerdo con el FMI de 2018, el gobierno de Macri redujo los pagos de la Resolución 46 a la compañía.

A pesar del boom de los últimos años, las petroleras que operan en Vaca Muerta pagan cada vez menos impuesto a las Ganancias. A pesos de diciembre de 2024, las compañías pagaron ese año $ 200.000 millones en conjunto. Una década antes, pagaban más de un billón.

Las petroleras de Vaca Muerta pagan cada vez menos impuesto a las Ganancias.

El informe no llega a mensurar la ampliación del RIGI al upstream, que aceleró anuncios de inversión en las últimas semanas, y que les permitirá a las empresas acceder a tasas reducidas y estabilidad por 30 años. Nadie podrá cobrarles más impuestos. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que el costo fiscal del RIGI es de u$s 1800 millones al año.

Los cambios estructurales en la economía y la propiedad de las provincias sobre los recursos del suelo empoderan a los distritos que tienen ese patrimonio y pueden cobrar regalías. “Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, mientras en 2012 Neuquén concentraba el 17% de las regalías petroleras y el 52% de las gasíferas del país, para 2024 su peso se elevó al 54% y el 70%, respectivamente”, indica el informe.

En una nota titulada Vaca Muerta, la minería, la nueva Argentina y la vieja coparticipación federal, Letra P mostró cómo quedó desafasado el esquema de distribución de recursos en los últimos años y cómo esa brecha se profundizará cuando entren en producción los proyectos mineros y las provincias de la cordillera cobren más regalías.

El Círculo Rojo y la teta del Estado

En el informe Hay otro camino, investigadores de ACIJ, Friedrich Ebert Stiftung (FES) Argentina y otras organizaciones detallaron cómo la reducción de la carga impositiva a las grandes empresas agrava la regresividad del sistema tributario. Acá no hablamos de elusión de impuestos, sino sencillamente de beneficios fiscales que, por ley, el país entrega a las empresas.

Muchas veces lo hace para desarrollar actividades que considera estratégicas, como la reducción de impuesto a las Ganancias y de contribuciones patronales a las empresas que se acogen a la ley de Economía del Conocimiento. Eso les permite a Mercado Libre, Globant y otras compañías deducir impuestos, a la vez que aprovechan otras ingenierías para reducir la carga impositiva que dejan en el país.

Entre todos los regímenes, el documento estimó que el Estado dejó de recaudar el equivalente a 3,5 puntos del PBI. Son casi u$s 24.000 millones. Más de diez veces el costo de la ley de Financiamiento Educativo.

El Reporte sobre la Calidad de las Elites, un estudio global sobre el protagonismo de la clase política y empresaria en la creación de valor, fue muy crítico con Argentina este año. El país cayó 18 lugares en el ránking que elabora la Fundación para la Creación de Valor, con sede en Suiza. Nuestras elites bajaron al puesto 104 entre 151 casos analizados.

Lo interesante de este reporte, que sale de una organización más bien ortodoxa que pide bajar algunos impuestos y reformar leyes laborales, es que critica la forma en que se comporta nuestra clase empresaria, en connivencia con la dirigencia política. Argentina cayó en el ránking “debido a su incapacidad de transformar el poder político y económico en valor real”, señaló.

El observatorio de las elites destacó que el gobierno implementó reformas para fomentar la competencia y reducir el gasto público, pero aseveró que la economía nacional sigue atrapada en un sistema de extracción de rentas que castiga la inversión y destruye el capital.

Las elites no crean valor, entendido como un desarrollo sostenible y que genere oportunidades de progreso a la comunidad, sino que maximizan su ganancia.