En el marco de las jornadas regionales de Justicia de Paz que se realizarán hoy (ver página 3), EL LIBERTADOR entrevistó al secretario de la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia, Roberto Saggese, quien es además secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicha Comisión está presidida por la ministra Elena Highton de Nolasco.

-Sabiendo de su reciente visita a Corrientes ¿ha notado cambios en el Poder Judicial provincial que puedan entenderse como un avance en garantizar un mayor "acceso a justicia" de los ciudadanos?

-El Superior Tribunal de Justicia de la provincia está trabajando activamente con la Comisión Nacional de Acceso a Justicia -creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que está a cargo de la doctora (Elena) Highton de Nolasco- en la implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos y ha desarrollado estrategias institucionales con el objeto de brindar un mayor protagonismo a los jueces de paz. Además, el Superior Tribunal viene apoyando la labor de los jueces de paz a través de capacitación periódica y esto es muy importante porque implica una comunicación continua entre el tribunal y los jueces de paz, que se traduce en un fuerte compromiso de las partes.

El Superior Tribunal y los jueces de paz mantienen un contacto fluido con la Comisión a fin de comunicar novedades o avances en la política provincial de acceso a justicia, aportan sugerencias y solicitan asistencia técnica. De hecho, en la página web de la Comisión (www.cnaj.gob.ar) hay información actualizada sobre las actividades de los jueces de paz y del Superior Tribunal en la promoción de los métodos alternativos de acceso a justicia.

En esta línea, por ejemplo, desde 2011 el Superior Tribunal participa de un Programa de Facilitadores Judiciales para mejorar el acceso a la justicia por medio de la participación ciudadana. Los jueces de paz son una pieza clave de este programa que se implementó en la provincia de Corrientes en el marco del convenio de cooperación entre el Superior Tribunal y la OEA para mejorar el acceso a la justicia de la población, descongestionar los juzgados, acercar los jueces a la comunidad y reducir la conflictividad.

-¿Cree usted que los Juzgados de Paz cumplen esa función?

-Sí, sin duda. La Justicia de Paz cumple un rol importantísimo en el acceso a justicia. Los jueces de paz tienen a su alcance la implementación de muchos de estos métodos de resolución alternativa de disputas, y de hecho los aplican a diario.

De ahí la decisión de la Comisión de participar en encuentros regionales sobre justicia de paz, porque sentimos que debemos prestarle todo nuestro apoyo a aquellos que son, ni más, ni menos, la cara visible de la Justicia y los primeros operadores en tomar contacto con los justiciables.

Creemos que ese primer contacto de los ciudadanos con la Justicia es fundamental, no sólo porque en cierta medida influye en la predisposición del justiciable, sino porque de su efectividad depende la mayor o menor conflictividad que termina incluyéndose en el sistema.

Hoy los jueces de paz cumplen funciones de mediadores, conciliadores, amigables componedores, y sus juzgados hacen las veces de casas de justicia, oficinas de atención al ciudadano, oficinas multipuertas, oficinas de violencia doméstica, etcétera.

LA EXPERIENCIA CORRENTINA

-¿Cuál es la visión en el ámbito de la Corte sobre la actividad que lleva a cabo la Justicia de Paz de nuestra provincia?

-No tengo dudas de que la Justicia de Paz de Corrientes está muy comprometida con el acceso a la justicia. Esta es la visión que nosotros tenemos a partir del trabajo que viene desarrollando la Comisión con las distintas provincias.

El principal objetivo de la Comisión es implementar en las distintas jurisdicciones los métodos o sistemas más adecuados, y en las zonas donde ya existen desarrollos de este tipo, contribuir a su mejora o perfeccionamiento. Está integrada por representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las tres asociaciones de jueces (Jufejus, FAM y Amfjn). Este año, el ministro del Superior Tribunal de Corrientes, Fernando Niz se ha integrado a la Comisión en representación de la Jufejus (Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia) y estamos trabajando activamente.

En 2011, la Comisión creó un Grupo de Trabajo integrado por secretarios de los superiores tribunales provinciales, para que actúe como nexo entre la Comisión y los superiores tribunales, que en definitiva es el órgano a través del cual deben canalizarse estos proyectos.

El Superior Tribunal de Corrientes ha trabajado siempre de manera muy activa con este Grupo de Trabajo en un modelo horizontal de cooperación institucional con las distintas jurisdicciones para profundizar y compartir los modelos exitosos de acceso a la justicia.

-A fines de 2009 se sancionó la ley de Organización y Competencia de los Juzgados de Paz que modificó y amplió sustancialmente su competencia. Actualmente hay un proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Senadores de Corrientes que modifica esa Ley, determinando que el Juez de Paz es un magistrado en las mismas condiciones que un juez civil y comercial y señalando además la mayor amplitud en la utilización de los medios alternativos de solución de conflictos en los casos que se tramitan ante la Justicia de Paz, entre otros temas. ¿Entiende usted que el proyecto legislativo, como en su momento la Ley mencionada que buscó jerarquizar la Justicia de Paz, tendrá un impacto positivo en el servicio de justicia?

-Desde el punto de vista de los objetivos que persigue la Comisión de Acceso a Justicia, siempre son positivos los proyectos que tienden a jerarquizar la Justicia de Paz dándole mayor estatus y ampliando su competencia, porque promueven la implementación de diversas herramientas jurídicas que permiten a la población resolver sus conflictos de manera pacífica, más rápido y con menores costos.

Medios alternos para resolver conflictos

-En los últimos tiempos ha habido un auge en lo que se refiere al acceso a la Justicia evidenciándose por muchas acciones que tratan de buscar medios alternos para solucionar las disputas entre ciudadanos y agitando la labor legislativa en todo lo referente a este tema. En este contexto ¿la Corte posee algún área de trabajo que esté monitoreando y coordinado todo lo referente al acceso al servicio de justicia de las personas en Argentina y que sirva para guiar e informar el trabajo de una forma que ayude a los poderes de los estados provinciales a encontrar herramientas para generar una justicia fácil y accesible para la gente?

-Sí, en ello ha trabajado intensamente la Comisión desde su creación en 2007. Para disminuir la litigiosidad judicial y mejorar el servicio de justicia de los ciudadanos se planificaron acciones que se pueden sintetizar en tres etapas. Primero, se elaboró un Mapa de Acceso a Justicia que permite conocer los variados sistemas y/o métodos de acceso a justicia que existen en las distintas jurisdicciones del país de manera rápida y sencilla, vía Internet, y permite una fácil y permanente actualización a través del soporte digital.

El mapa (www.cnaj.gob.ar) resultaba imprescindible en función de la gran extensión del país y las numerosas modalidades de los programas que se desarrollan a distintos niveles (locales, provinciales o regionales) que dificultaban su conocimiento por parte de la sociedad y de los propios operadores jurídicos.

Desde hace varios años se vienen desarrollando en nuestro país programas de diversas características, muchos de los cuales constituyen ricas experiencias con excelentes resultados en el acceso a justicia.

Por otro lado, a finales de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Jufejus y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación han consensuado un Plan Estratégico Nacional para avanzar en la consolidación de la mediación y los métodos alternativos de acceso a justicia. El documento se firmó en el marco del proyecto de Eurosocial para el "Fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en América Latina" y establece un compromiso del Estado argentino en su profundización para los próximos años en el país.

Eurosocial es un programa para la cohesión social de la Unión Europea que nació de un mandato expreso de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe reunidos en mayo de 2004 en Guadalajara, México. El énfasis del plan está puesto en desarrollar talleres regionales para que los jueces de paz e integrantes de las casas de justicia se fortalezcan en la adquisición de habilidades restaurativas y modalidades itinerantes, fortalecer la mediación comunitaria, diseñar herramientas de monitoreo y gestión de la mediación, especialización y capacitación, armonización de los sistemas estadísticos y en la creación de una comisión asesora para la elaboración de normas y reformas normativas en mediación integrada por los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de cada provincia.

En ese marco, con asistencia financiera de Eurosocial, la Comisión, junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Jufejus organizaron talleres de capacitación en mediación penal comunitaria para jueces de paz. Del primer taller, que tuvo lugar en la provincia de Santa Fe los días 19 y 20 de diciembre de 2013, participaron jueces de paz de las regiones Centro (Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y NEA (Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes). El segundo taller se realizó en la provincia de Salta los días 3 y 4 de abril para las regiones Cuyo (La Rioja, San Luis, San Juan y Mendoza) y NOA (Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca).

Por otro lado, la Comisión ha liderado la elaboración de un portal colaborativo con siete países de América Latina. Participaron del proyecto denominado Mapa Latinoamericano de Resolución Alternativa de Disputas las cortes supremas de justicia y los ministerios de justicia o equivalentes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay (www.maparegional.gob.ar). El proyecto surgió en el marco del acuerdo de "Fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en América Latina" celebrado en San José de Costa Rica el 12 de abril de 2013 por iniciativa de Eurosocial, organización que financia el proyecto y pretende consolidar un espacio de diálogo euro-latinoamericano de políticas públicas. También participa en la ejecución del programa la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Iberoamérica (Comjib).

Justamente hace unos días nos enteramos que el Senado de la Nación, mediante resolución del 2 de julio pasado, declaró su beneplácito por este trabajo llevado a cabo por la Corte Suprema.