Por: Facundo Borrego.

La intención de la política santafesina de modificar la competencia de la Justicia respecto a la persecución del narcotráfico logró que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se manifestara al unísono y en público, algo que no sucede habitualmente entre sus miembros. Sin fisuras y con un marcado ímpetu, el máximo tribunal rechazó la propuesta del senador provincial del radicalismo, Lisandro Enrico, de desfederalización el delito de narcomenudeo y que, de esa forma, las investigaciones recaigan en la justicia provincial. De fondo emergen los anticuerpos de la cúpula judicial ante el avance de la política en un tema jurídico tan delicado. 

Se trata de un tema que ya ha sido motivo de discusión en otros momentos, pero que vuelve a traer a colación el senador radical en momentos en que la disposición de recursos para la lucha con el narcotráfico quedó en el centro de la escena con la llegada semanas atrás a Rosario de la Corte Suprema de la Nación. Enrico tiró la piedra "para cambiar el enfoque del Estado provincial", tal como escribió en Letra P, y la Corte la vio venir y puso un escudo. 

“Totalmente en contra”, dijo sin vueltas Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte santafesina, alguien que no suele declarar abiertamente. Esta vez mostró intenciones de hablar con la prensa y también necesidad de ser el portavoz del poder judicial santafesino. Eso le valió la gratitud de Daniel Erbetta, su compañero en el máximo tribunal, con quien no tienen muchos puntos en común, ni doctrinarios ni ideológicos.

“Es importante que lo manifieste el presidente actual de la Corte porque refleja la representatividad del cuerpo”, dijo en la radio Sí 98.9 de Rosario. Erbetta, y cerró la coraza corporativa antes de que el tema prenda en otros sectores políticos. Al margen de los fundamentos jurídicos por los que la desfederalización "no cambiaría en nada, sumaría problemas", también cuestionó los comportamientos políticos en el tema. “Integrantes de un mismo espacio legislativo proponen sumar recursos federales, y por otro lado quitarle trabajo a la justicia federal y dárselo a la provincial sin sumarle recursos. Esto es inaceptable", disparó Erbetta, quien ya tuvo fuertes cruces con Enrico.

Para colmo, la propuesta que sacó canas verdes al Poder Judicial provincial encontró el curioso respaldo de Jorge Baclini, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que bien podría definirse como el jefe de los fiscales provinciales. Esto no cayó nada bien hacia adentro del propio ministerio fiscal y levantó el recelo de algunos de sus integrantes que, por ahora, no hicieron manifestaciones públicas. El respaldo de Baclini se puede leer como un movimiento político de un funcionario judicial que en pocos meses dejará su cargo de fiscal general, pero no tendría intenciones de pasar al llano.

El presidente de la Corte también se refirió en duros términos a la postura de Baclini al sostener que “ya nada le sorprende del fiscal” y señaló la falta de conducción en el MPA dado que varios fiscales opinan de manera distinta. “¿Dónde está la verticalidad del fiscal general con sus subordinados?”, se preguntó con tono picante.

Los vínculos entre la Legislatura, la política en general y el Poder Judicial siguen tensos como nunca. La Corte saca a relucir el corporativismo cuando hay un hecho externo que entienden que amenaza el servicio de justicia, no en una causa en la que debe fallar. Así fue con el reclamo por las vacantes en los juzgados, además de la propuesta de desfederalización que, al menos, intenta instalarse en la agenda.

Otro nivel de resistencia podría verse si efectivamente el debate llega a la Legislatura. Por ahora, no cayó bien que el avance de semejante cambio de procedimiento judicial provenga de la política. Mucho menos que le digan cómo hay que hacer justicia. "Es una brújula imantada: no se sabe dónde está el norte y el sur", graficó Erbetta.