"En algún momento voy a demostrar que no tengo nada ver y le voy a tapar la boca a varios jetones", dijo enojado, a mediados de marzo del año pasado, el ex intendente de Intendente Alvear y ex diputado provincial del PJ, Oscar Alberto Pepa, un día después de que el Tribunal de Impugnación Penal le confirmara la sentencia a tres años de prisión en suspenso por fraude en perjuicio de la administración pública y la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos, en la causa por los sobreprecios pagados en la construcción de la red cloacal de esa localidad.

Hoy, un año y nueve meses más tarde, la Corte Suprema lo dejó con las ganas de taparle la boca a esos jetones, porque acaba de dejar firme la condena en su contra. Así, después de doce años de investigación, uno de los mayores escándalos de corrupción en La Pampa quedó definitivamente cerrado en la Justicia. Y Pepa deberá guardarse esas palabras.

Hace seis días, la Corte declaró inadmisible el recurso de queja planteado por el abogado del imputado, Francisco Marull, contra la denegatoria del Superior Tribunal de Justicia a concederle un recursos extraordinario. Y, además de desestimar la queja, lo intimó a que en cinco días efectúe el depósito previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para estos casos, "bajo apercibimiento de ejecución".

Pepa también había sido condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero el TIP lo benefició al declarar la prescripción de la acción penal. Los otros condenados fueron el ex secretario-tesorero de Alvear, Omar Ghisio, y la presidenta de la empresa constructora Consnor, Andrea Bensi, a dos años y medio de prisión en suspenso por la defraudación. En cambio, Jorge Alberto Rodríguez, el apoderado de la unión transitoria de empresas que se adjudicó la obra y que estaba conformada por la pampeana Ilka y la neuquina Constructora Norte, que en el fallo fue calificada de empresa "fantasma", fue absuelto.

La denuncia por los sobreprecios fue promovida en el año 2000 por los diputados provinciales de la Alianza. Una de las pruebas más incriminatorias fue el peritaje efectuado por la Sindicatura General de la Nación, que estableció que el costo de la obra no podía exceder los 6.566.468,92 pesos-dólares. Pepa fue condenado por la Cámara en lo Criminal de General Pico a fines de 2009 y luego esa sentencia fue ratificada por el TIP, el Superior Tribunal de Justicia y la Corte.

El ex intendente, a pesar de que debía llamar a licitación pública por el monto del proyecto, le adjudicó los trabajos en forma directa a Ilka-Consnor por 18.359.055,58 pesos-dólares. La Sigen concluyó que hubo una sobrevaluación del 179 por ciento.

En 1997 el Concejo Deliberante, conformado por ediles peronistas, a excepción de una radical, declaró de interés municipal la obra y autorizó al intendente a construirla. Este gestionó el dinero ante el Ministerio del Interior y el menemismo -en esa época el ministro era Carlos Corach- le prometió el total del presupuesto, aunque le terminó girando "sólo" 10.000.000 de pesos-dólares en Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los trabajos comenzaron en 1999, pero Ilka y Consnor los abandonaron antes de que finalizara ese mismo año.

"Un rol protagónico".

Sobre el papel de Pepa en el fraude a la administración pública nacional, la justicia afirmó que "se prestó solícito" a la maniobra delictiva "pergeñada por algún ignoto operador cuya identidad el imputado se ha cuidado muy bien de delatar". Indicó que la maniobra tuvo "la ayuda inestimable e imprescindible de un organismo público (Municipalidad de Intendente Alvear) que le proporcionó (al operador) la máscara necesaria para ocultar su propia identidad y oficializar el fraude, consistente en la presentación de un presupuesto de obra con exagerados sobreprecios e inclusión de ítems (maquinarias o servicios) que jamás se comprarían o se llevarían a cabo".

Los jueces agregaron que "fue así como apareció en manos de Pepa un misterioso presupuesto oficial de obra de la friolera de 16.948.787,55 pesos que nadie sabe quién lo hizo y, tampoco en base a qué parámetros objetivos se formalizó, dándose por descartado que el municipio, dentro de su propia estructura y planificación, tuviera capacidad operativa para confeccionarlo".

También remarcaron que "el ardid utilizado para llevar a engaño a quienes debían realizar la disponibilidad económica (Ministerio del Interior), aparece en forma palmaria del simple cotejo de la suma presupuestada oficialmente (16.448.792,57), más aún si tomamos en consideración la efectivamente contratada (18.359.055,58) con el cálculo estimativo de la obra auditado por la Sindicatura General de la Nación (6.566.486,92). Esa maniobra ilegal no podía ser desconocida por Pepa, pues la ausencia de una explicación razonable de su parte, al prestar declaración indagatoria en el juicio, respecto al origen, confección y bases objetivos que sustentaban el presupuesto oficial que utilizó para convocar a las empresas oferentes, nos permite concluir de tal manera. Es evidente que nadie puede explicar lo inexplicable".

"Por otra parte, las inconductas administrativas ensayadas por Pepa en lo atinente a la contratación directa de las empresas, cuyos titulares, juntamente con otros individuos allegados a su entorno están siendo investigados actualmente (NdeR: en la causa conocida como cloacas de Alvear II), así como su predisposición para allanarles el cobro de las remesas dinerarias remitidas por el Ministerio del Interior, no hacen más que confirmar la connivencia delictiva que existía entre ellos".

La justicia sostuvo que, más allá de que pudo existir una participación de funcionarios y/o empleados nacionales en la maniobra ardidosa, Pepa cumplió "un rol protagónico, preponderante y determinante para su perfeccionamiento".

La otra causa

Ya cerrada definitivamente la causa de las cloacas de Alvear, aún permanece abierta en la justicia provincial la segunda parte de la investigación por los sobreprecios. Ese expediente, que se tramita en General Pico, tiene cinco imputados: el ex ministro de Obras Públicas y ex director del Banco de La Pampa, Oscar Negrotto; el consultor Carlos Opezzo; Rubén Queirolo, a quien se considera ligado a la Unión Obrera Metalúrgica; y los empresarios José Floridia y Enrique Halcak. A estos dos últimos también le rozó la investigación de la primera parte.