El fiscal ante la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, Carlos Altuve, presentó este mediodía un escrito ante la Corte bonaerense para que se declare la inconstitucionalidad de la medida dictada por el camarista Víctor Violini que otorga prisiones domiciliarias a presos de riesgo, en medio de la pandemia de covid-19. Altuve llegó con un recurso de queja ante el máximo tribunal de justicia de la provincia, luego de que su presentación haya sido rechazada por Casación. A partir de la presentación, la Corte tiene ahora dos posibilidades: declarar admisible o inadmisible el recurso de Altuve. Todo indica que sucederá lo primero y que, de esa forma, abriría el tratamiento de la presentación. La Corte bonaerense está conformada por Daniel Soria -actual presidente del cuerpo-, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Torres y Eduardo de Lázzari. Serán ellos entonces quienes a partir de hoy deban decidir sobre el tema.

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La situación es delicada. Mientras que por un lado hay una fuerte polémica y resistencia por parte de la opinión pública a las liberaciones de presos, a lo que se suma la imprecisión de la resolución de Violini sobre quiénes podrían acceder al beneficio, por otro las cárceles de la provincia atraviesan una grave situación con super población y hacinamiento, lo que incrementa la posibilidad de eventuales contagios.

“No es mi objetivo alzar una barrera que obstaculice la toma de las medidas urgentes, esenciales e imprescindibles para resguardar la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad”, sostuvo Altuve. Tras lo cual consideró que esas medidas “no deben ser tomadas con afectación a la distribución de competencias constitucionales y legales, ni mediante la vulneración de las leyes que ordenan el funcionamiento de la administración de justicia penal. Tampoco deben tomarse medidas que desconozcan abiertamente la letra expresa de la ley ni extraerse de la mera voluntad del juzgador”.

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La presentación de Altuve cuestiona el fallo de Violini, dado a conocer el 17 de abril pasado y que fue en respuesta a un habeas corpus colectivo que poco antes habían presentado los defensores públicos de la provincia para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer coronavirus.

Uno de los puntos más cuestionados de  la decisión de otorgar prisión domiciliaria a los detenidos en las cárceles bonaerenses corresponde precisamente a los jueces de primera instancia, que son los que tienen a disposición a los privados de libertad.

Violini consideró en su fallo que los presos que podrán acceder a ese beneficio deben ser mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves, aunque no hace mención a cuáles son los delitos a los que hace referencia.