Es claro que el Gobierno, que ve debilitarse la candidatura de Daniel Filmus, busca ceñirse a su receta habitual: el secreto y el silencio favorecen la impunidad.

Ocurrió el domingo último, cuando Canal 7 no transmitió los incidentes que se producían entre barrabravas y policías en River, aunque los medios independientes, incorregibles, se empecinaron en mostrar la realidad. Y algo parecido intenta hacer, ahora, con el caso Schoklender. Disimularlo.

Sergio Schoklender, ex administrador de la fundación Madres de Plaza de Mayo y también empresario constructor, en cuanto estalló el escándalo salió a hablar por todos los medios. Pero, ahora, se llamó a silencio.

A comienzos de mes, dos funcionarios del Ministerio de Planificación afirmaron en Diputados que no era esa cartera sino los municipios los que debían controlar la ejecución de las obras. Pero, ayer, ninguno de los 17 intendentes citados concurrió a la Comisión de Vivienda.

La Aduana permitió que desapareciera un importante expediente y se impuso la costumbre de hablar del caso Schoklender omitiendo mencionar a Hebe de Bonafini, que volvió al calor de los actos presidenciales, y a su hija, actual administradora de la fundación Madres de Plaza de Mayo.

Pero si la fundación -por culpa exclusiva de Schoklender o con complicidad de terceros- desvió supuestamente parte de los 765 millones de pesos que le entregó el Estado para construir viviendas, ¿no correspondería que el Estado, que le sigue dando otros 500 millones, se preocupara por intervenir la fundación, para controlar ese gasto futuro?

Mientras tanto, el periodismo descubre, a diario, que Schoklender tiene autos, aviones, empresas, casas o que, hace un año, le compró a la hija de Hebe un departamento, por el que pagó 1200 pesos el metro cuadrado, más barato que los 1800 que él cobraba por las viviendas que fabrica. Se sabe, el periodismo es molesto.