A casi un año de que la Legislatura provincial sancionó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, Corrientes sigue sin recibir los fondos de la Ley Nacional 26.331 de “presupuestos mínimos de protección ambiental”. Esto significó que en 2010 dejase de percibir unos $3.400.000. La razón: la objeción de la Nación a ciertas áreas habilitadas para desmonte.

La Ley 26.331 fue aprobada por el Congreso de la Nación en diciembre de 2007. En el texto se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. En ella se establece que las provincias tenían que redactar su propio Ordenamiento Territorial de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en la legislación, estableciendo las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental. El texto también apunta que los distritos contarían con un plazo de un año para finalizar el trabajo. Ninguno cumplimentó tal imposición.

Recién 14 meses después de su aprobación, en febrero de 2009, la ley nacional fue reglamentada. En ese periodo, Corrientes redactó el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos aún sin contar con la “letra chica” que reguló la legislación nacional.

Fue la Dirección de Recursos Forestales de la Provincia el organismo encargado del diseño del proyecto y de llevar adelante las audiencias públicas que se sucedieron en 2009.

El proyecto correntino sorteó el Senado provincial sin mayores inconvenientes, más allá de algunas modificaciones efectuadas por los legisladores de la Cámara alta. El expediente logró la media sanción parlamentaria a fines de 2009.

Sin embargo, en Diputados no tuvo tanta suerte. La oposición del justicialismo intentó frenar el tratamiento del proyecto y se opuso a que se destinase determinadas extensiones de tierra, en el Centro Sur de la provincia, al desmonte. Los peronistas consideraron que tales terrenos no deberían ser utilizados para emprendimientos agrícolas y ganaderos.

La negativa del justicialismo chocó con el número mayoritario del oficialismo radical y sus aliados parlamentarios quienes, en la sesión del 29 de mayo, se impusieron y lograron la media sanción legislativa faltante para convertir en ley el proyecto.

Tan polémica fue la sesión que la justicialista María Inés Fagetti amenazó con ir a la justicia y denunciar al titular de la Dirección de Recursos Forestales, Luis María Mestres, por (entre otras cosas) haber adulterado el expediente legislativo. Finalmente, la causa fue desestimada (ver aparte).

Por ese entonces, Corrientes se transformó en la tercer provincia argentina que tenía aprobada una ley de Ordenamiento Territorial. A fines de 2010, los distritos eran ocho.

Uno de los aspectos de la ley nacional 26.331 era la constitución de un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Éste tendría el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan.

Según lo establecido en la legislación nacional, el fondo de compensación estaría integrado una partida que no podría ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional más el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal.

Según los cálculos esgrimidos por Mestres, el fondo debería haber alcanzado en 2010 a $1.800 millones. Sin embargo, sólo fue constituido por $250 millones. De ese total, a Corrientes le hubiera correspondido $3.400.000 pero, por la “observación” de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Provincia sigue sin recibir un centavo.