Alfredo Cornejo puso fin ayer a una historia que arrancó, mal, el 3 de octubre de 2014: la licitación del servicio de Verificación Técnica Obligatoria (VTO)  de vehículos. El Gobernador decidió, después de cuatro meses en el poder, anular el cuestionado proceso iniciado por su antecesor, Francisco Pérez.

El interés de esta licitación estaba centrado básicamente en que le aseguraba al ganador un ingreso de más de 200 millones de pesos anuales, como anticipó Los Andes. Y esto explica la puja legal que se desató entre los interesados.

Previendo posibles reclamos de los que se creían con posibilidades de ganar, el decreto 357 publicado ayer en el Boletín Oficial remarca que el Ejecutivo tiene la potestad de dejar sin efecto el procedimiento de contratación si es antes de la adjudicación.

Basándose en el artículo 150 de la Ley de Administración Financiera de Mendoza N° 8706,  el decreto firmado el lunes por Cornejo y su ministro de Seguridad, Gianni Venier, aclara que esa decisión se puede tomar “en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”.

Ahora, queda por saber cuándo se reiniciará este proceso, que el Gobierno debe encarar sí o sí porque así lo dispone una ley aprobada en Mendoza hace dos años, en adhesión a una norma nacional. En principio, según adelantó Venier a este diario, pasará para el año próximo.

La licitación iniciada por el Ministerio de Seguridad hace un año y medio, cuando era conducido formalmente por Leonardo Comperatore y políticamente por el entonces vicegobernador Carlos Ciurca, generó controversias desde el mismo día de su publicación.

Ese 3 de octubre se convocaba a los interesados a presentar sus ofertas apenas dos semanas después, el 17, casi un homenaje a la Lealtad Peronista, más teniendo en cuenta que se exigía informar datos precisos sobre los predios en que se instalarían las plantas, presentar el proyecto arquitectónico de las mismas y garantizar el servicio en toda la provincia.

En Mendoza, hay media docena de talleres, con autorización nacional, que prestan el servicio para los transportes de pasajeros y carga que transitan rutas fuera de Mendoza. Algunos de ellos hicieron planteos judiciales y lograron que todo se aplazara hasta el 20 de febrero.

Pero fue sólo el inicio de una batalla legal que llegó a la Suprema Corte. Detrás de esa pelea siempre estuvo la sospecha de que una empresa de Buenos Aires, Electrosistemas SA, con algún vínculo con la facultad regional Buenos Aires de la UTN, la auditora del proceso, era la “favorita” de la anterior conducción de Seguridad. 

El máximo tribunal, hace un año justamente, suspendió el proceso a pedido de Instecmec, un taller que no había podido presentar su oferta porque a último momento se cambió el lugar del acto oficial.

Antes de eso, en un trámite al menos confuso, como publicó este diario el 22 de marzo del año pasado, la UTN Buenos Aires le cedió su convenio con el Gobierno a las filiales de Mendoza y San Rafael, que habían reclamado por quedar excluidas de un negocio millonario en su propio territorio.

Esto ocurrió cuando la facultad porteña, autora de los pliegos de condiciones, ya había evaluado las ofertas presentadas, obviamente sin las de Instecmec, recién incorporada en diciembre último, tras la definición de la Corte.

El impasse impuesto por la Justicia terminó el 9 de diciembre último, el mismo día que Pérez le transfirió el poder a Cornejo, cuando la Sala Primera de la Corte levantó la cautelar que había dispuesto en abril. 

La decisión de la Corte implicó que la licitación volvía a estar en carrera, aunque debía incorporarse la oferta de Instecmec, que además de la cautelar había pedido la anulación de todo el proceso.

Así, dejó en manos del nuevo gobierno la decisión política de si avanzar o no con el cuestionado proceso.

 

Gianni Venier: “Era un catálogo de corrupción”

 

“Antes de asumir sabía que esta licitación venía con muchas denuncias de corrupción e irregularidades. Cuando asumí y pude ver el expediente, era una catálogo de actos de corrupción. Nada bueno podía salir de eso.

“Hasta la propia Corte, muy prudente, dijo en una de sus intervenciones que era contraria a todos los pactos anticorrupción firmados por el país. 

“Hicimos un análisis jurídico y definimos que debía darse por terminado porque era una deshonra.

“Vamos a empezar a trabajar en otra licitación seguramente para el año que viene, en un proceso claro y transparente que se adecue al parque automotor de Mendoza”.

 

A las apuradas y con muchas objeciones

La anulada licitación empezó a gestarse cuando en abril de 2014 se aprobó una modificación a la ley de tránsito 6.082. El objetivo era adecuarla a la normativa nacional que exige una revisión técnica anual a todos los vehículos para poder circular. 

Pero el proceso se aceleró desde agosto, con la publicación de esa ley modificatoria, del respectivo decreto reglamentario y de la resolución del Ministerio de Seguridad que le daba forma al funcionamiento del servicio. 

El expediente de la licitación se inició el 10 de setiembre de 2014, unos días después se formalizó el contacto con la UTN Buenos Aires y el 3 de octubre, apenas tres semanas después de iniciado el vínculo con la unidad académica, se publicó el llamado a licitación.

Además del apuro inicial, tanto que el primer llamado a licitación le daba apenas dos semanas de plazo a los interesados para presentar ofertas (el plazo vencía el 17 de octubre), también llamó la atención que la idea en principio era adjudicar el servicio a un solo taller en toda la provincia. 

Esto dejaba de lado que ahora hay media docena de talleres, con autorización nacional, que prestan el servicio para los transportes de pasajeros y carga que salen de la provincia. 

Pero también iba contra el artículo 11 de la resolución 1994 que reglamentó la ley y que habla de no generar “una población cautiva” y que cada usuario pueda elegir la planta en la que hará la revisión.

Otro punto al menos cuestionable es que a la hora de evaluar las ofertas, pesaba más el proyecto  de arquitectura e instalaciones de las estaciones fijas y/o móviles que “la capacidad técnica del oferente para desarrollar la actividad”. 

Finalmente, los sobres se abrieron el 20 de febrero, aunque con un cambio de sede a último momento que es lo que objetó Instecmec, que no llegó a tiempo por eso con su oferta al nuevo lugar del acto, y fue el motivo por el que estuvo paralizado el proceso durante ocho meses.

El objetivo del anterior gobierno era que la revisión comenzara a funcionar el 1 de agosto pasado. Esto implicaba la verificación de las condiciones técnicas para circular de todo el parque automotor de la provincia, más de 450 mil autos, camionetas y camiones, además de 130 mil motos, con más de dos años de antigüedad.

El costo de la VTO está atado al valor de la “unidad fija” que define las tarifas de todos los servicios que presta el Estado. Para las motos de más de 500 cc, autos y camionetas rondaría hoy los 500 pesos. Los camiones y micros pagarían el doble. Para las motos de baja cilindrada varía, según una escala que va del 35% al 70% del arancel inicial. 

Esto lleva a calcular inicialmente una facturación anual de largamente 200 millones de pesos. Lo que se dice un negocio suculento para el ganador, que explica también los tironeos.