Córdoba: el fiscal federal aseguró que el faltante de droga en algunos procedimientos era "alarmante"

Maximiliano Hairabedián aseguró que el faltante de drogas era "alarmante" en ciertos procedimientos llevados a cabo por la Policía cordobesa, como consecuencia de lo cual hay varios altos jefes de la fuerza detenidos por su supuesto vínculo con una red de narcotraficantes.
"Es alarmante que desaparezcan armas, droga o dinero o cualquier elemento secuestrado que, como consecuencia de un procedimiento, están en custodia judicial", aseguró a la prensa el fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba.

"Es alarmante que desaparezcan armas, droga o dinero o cualquier elemento secuestrado que, como consecuencia de un procedimiento, están en custodia judicial"

Maximiliano Hairabedián, fiscal federal Si bien aclaró que, al estar al frente de una Fiscalía ante un Tribunal Oral de juzgamiento "no tiene a su cargo elementos secuestrados" en las investigaciones de instrucción, el funcionario expresó que cuando, en una causa elevada a juicio, se advirtió "un faltante de estupefacientes se hizo la denuncia".

"En algunas causas (elevadas a juicio oral) la droga peritada era menor a la secuestrada (durante la investigación)", expresó Hairabedián, que agregó: "en estos casos se hizo la denuncia pertinente para promover la investigación".

Hasta el momento, como consecuencia de la investigación que lleva el fiscal federal Enrique Senestrari, hay nueve imputados, de los cuales cinco son efectivos policiales de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico que están detenidos.

Los detenidos son el hasta hace dos semanas titular del área, el comisario Rafael Sosa; el comisario Alberto Saine; el oficial Franco Argüello; los suboficiales Fabián Peralta Dátoli y Mario Osorio, quienes en todos los casos ya fueron indagados por el fiscal Senestrari.

El escándalo político e institucional que enfrenta el gobierno de José Manuel de la Sota, denominado como el "narcoescándalo" o el caso de los `narcopolicías`, derivó en las renuncias del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del jefe de Policía, Ramón Frías, quienes fueron reemplazados por Alejandra Susana Monteoliva y César Almada, respectivamente.

Por pedido del fiscal federal Senestrari, hace más de un mes, el juez federal Ricardo Bustos Fierro ordenó una serie de allanamientos en domicilios de los efectivos policiales y dependencias de la Central de Policía, mientras que, paralelamente, había emitido la orden de detención para los involucrados.

La presunta vinculación de policías cordobeses con el negocio del narcotráfico se conoció hace tres semanas por intermedio del testimonio del `colaborador encubierto´ policial, Juan Francisco `el francés´ Viarnes, ofrecido al programa ADN de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC.

El testimonio de Viarnes motivó al fiscal Senestrari a acelerar los pasos de la investigación, que ya estaba en marcha desde tiempo atrás.

Viarnes, en calidad de "arrepentido", dio su testimonio ante las cámaras de televisión y manifestó que jefes policiales de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcotraficantes, quienes pasarían información a cambio de ser retribuidos con parte de los estupefacientes secuestrados en operativos antidrogas.

Los efectivos policiales fueron licenciados a partir de la denuncia que tomó estado público, en tanto otro de los mencionados, el oficial principal Juan Alós, de 34 años, fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en el interior de su vehículo en las cercanías de Bosque Alegre, en la zona de Alta Gracia.

En el marco de la investigación que se abrió por lo sucedido con Alós, el fiscal provincial de Alta Grazia, Emilio Drazile, aseguró que se trataría de un suicidio.

Mientras, la Justicia Federal pide la acumulación de la causa abierta por lo ocurrido con Alós a la investigación en marcha por el supuesto vínculo de altos mandos policiales provinciales con el narcotráfico

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