El acuerdo de Mauricio Macri con Sergio Massa para devolver el 15% de la coparticipación en cinco años y la condición de renunciar a la deuda nacional con la provincia para un acuerdo, desató la decisión política de Carlos Verna de presentar el juicio a Nación. Otro condicionante es la ratificación de las legislaturas provinciales.
La reacción de Verna fue 48 horas después que se firmó un decreto para esa devolución del 15% de la coparticipación, cuyo texto que acordaron Macri y Massa para derogar otro anterior (el que frenaba en forama total la devolución que a su vez derogó otro de la expresidente Cristina Kirchner que lo restituyó en forma automática).
En buen romance, para Verna ese decreto rompió la negociación política que se estaba llevando a cabo desde diciembre, cuando se conoció el fallo favorable a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis.
Ese decreto rompió el clima de acuerdo entre Macri y el gobernador Verna: desde el gobierno pampeano aseguran que la negociación por el 15 por ciento “se debe iniciar con una llamado de teléfono”.
“Pero lo sorprendente es que no es un decreto simple, sino que solicita adhesión de las legislaturas provinciales”, dijo una fuente gubernamental.
“A partir de los fallos que hicieron que la Nación dejara de retener el 15% de la coparticipación a las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe, en el mes de diciembre se instruyó al fiscal de Estado provincial para instrumentar los mecanismos que permitieran interrumpir las prescripción y poder reclamar por todos los años que estos importes fueron retenidos a nuestra Provincia, supeditando la presentación ante la CSJN de la demanda a la negociación con el presidente de la Nación a través del Ministerio del Interior, sobre los montos adeudados al Sistema Previsional Civil, Docente y Policial”, afirmó.
El 24 de febrero, el presidente dictó el decreto 406/16, que dispone la creación del “Programa Acuerdo para el Nuevo Federalismo”, que principalmente trata sobre las fechas a partir de las que se comenzará a suspender la deducción del 15%, fijando un lapso que comenzará a fines de 2016 y se extenderá hasta fines de 2020.
En relación a la ratificación de la legislatura “se desprende una interpretación primaria y excluyente sobre esta forma de convocar a los gobernadores para discutir sus derechos, que siempre ha sido a través de un llamado telefónico o de una autoconvocatoria, y como resultado de la negociación, si era necesario, se enviaba al Congreso y a las Legislaturas provinciales para su ratificación”, dijo esa fuente oficial.
Esa ratificación obligaría a Verna a una negociación con la oposición de Cambiemos (Propuesta Frepam en La Pampa) y del Frente Renovador (Pueblo Nuevo), lo que no fue aceptado por el gobernador.
“Dicha adhesión previa, significa la autolimitación provincial en su reclamo del 15% a solo una parte que tomaría vigencia recién a partir de fin de este año, y que para sentarse a discutir en forma política y no judicial los derechos de las provincias, se debe ceder en forma previa al stock total de la deuda de los últimos cinco años”, dijo en referencia a la deuda que Nación mantiene con La Pampa, uno de los ejes políticos por lo que pulseó el vernismo en los últimos años de la gestión del exgobernador Oscar Jorge.
“Después de arduas e ingentes negociaciones, nuestra provincia no ha logrado más que buena predisposición pero nada concreto”, se lamentó esa fuente. “Y ahora nos encontramos que para sentarnos a negociar debemos, automáticamente, ceder en nuestros derechos. Por estas razones consideramos que dicho decreto es inconstitucional y, por lo tanto, se presentó el día 26 de febrero la demanda contra el Estado Nacional para la suspensión de la deducción del 15% de la coparticipación y el cobro de las sumas adeudadas por los últimos cinco años por el mismo concepto”, aseguró una fuente oficial.





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