De paso por Córdoba para disertar sobre el nuevo código Civil y Comercial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, dialogó con la prensa local y abrió la polémica al referirse a dos "flagelos" que, a su criterio, sufre el país: la impunidad y el narcotráfico. Su palaras tuvieron eco y ayer la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, salió al cruce de sus dichos por cadena nacional. La mandataria defendió la inversión que destina su gobierno a la lucha contra el comercio ilegal de estupefacientes y cargó contra las autoridades del Poder Judicial, a las que exhortó a brindar mayores recursos a los juzgados para que puedan abordar la problemática "eficazmente".

Un día antes de su disertación, Lorenzetti concedió una entrevista al diario La Voz del Interior, que difundió ayer en su portada el reportaje con el titular del máximo tribunal. "El narcotráfico también es un flagelo preocupante, junto con la impunidad. A esto no escapa que el Poder Judicial debe hacer una autocrítica y tener otra actitud: ser más receptivo de las demandas sociales. Hay que acortar los plazos en los juicios, para combatir la impunidad", sentenció Lorenzetti.

Esto provocó una reacción de la presidenta que le respondió a Lorenzetti ayer en cadena nacional. Tras ponderar la inversión que destina el gobierno nacional a la lucha contra el narcotráfico, Cristina afirmó, filosa: "En lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, los máximos responsables del Poder Judicial deberían dotar a los juzgados federales y limítrofes de mayor cantidad de empleados, recursos y elementos para que puedan hacerlo eficazmente." El destinatario del mensaje estaba más que claro.

En la previa a su disertación sobre el nuevo Código Civil y Comercial –que entrará en vigencia a mediados de agosto–, ayer Lorenzetti volvió a contactarse con la prensa local. En esta ocasión justificó su reciente reelección a la presidencia de la Corte, por tercer período consecutivo, en la necesidad de "dar seguridad y confianza" a la sociedad frente "a los cambios de gobierno". También se refirió al funcionamiento general del poder del Estado que lidera.

"Nuestro país tiene muchos casos en los que nunca se termina de saber que pasó, y eso es frustración de justicia", sostuvo. Hizo esa mención tras ser consultado sobre la pesquisa en torno a la muerte del titular de la UFI AMIA, Alberto Nisman. "La fiscal (Viviana Fein) está trabajando en eso, nosotros no podemos juzgar lo que hace la fiscal. Lo que nosotros decimos en este, como en todos los casos, es que es necesario tener respuestas claras y razonables", advirtió. Y volvió sobre uno de los aspectos que expresó en su diálogo con La Voz del Interior: "Tanto los fiscales como los jueces tienen que hacer un esfuerzo para que no exista una idea de impunidad. Cuando no se llega a la verdad afecta a la gente, afecta al sentido de Justicia".

Sobre el nuevo Código Civil y Comercial, ponderó que "regula aspectos muy concretos de la vida ciudadana" como "la protección de los consumidores". «

Malvinas: libran oficios

La jueza federal subogrante de Río Grande, Tierra del Fuego, Mariel Borruto, ordenó la realización de medidas de prueba para "corroborar las hipótesis delictivas" en la causa que investiga a empresas transnacionales por la exploración y extracción ilegal de hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas.

Borruto dio curso a la presentación de los fiscales Marcelo Rapoport, Adrián García Lois y Carlos Gonella, que el 20 de abril formalizaron la denuncia contra las empresas Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.

Según se informó a través del portal Fiscales, las medidas apuntan a establecer la evolución y composición del patrimonio de las empresas transnacionales involucradas y a la identificación de sus directores. La magistrada libró oficios a la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores, la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Prefectura Naval y la Inspección General de Justicia para que obtener información que le permita conocer detalles sobre las empresas involucradas, su evolución patrimonial, si operan en el mercado bursátil, como asimismo a identificar a las personas físicas que las integran.