La Casa Rosada sigue con ansiedad la suerte judicial de Hugo Moyano, pero los tribunales manejan sus propios tiempos.

En la primera semana posferia no hubo citaciones, embargos, allanamientos ni medidas rimbombantes. Las decenas de expedientes promovidos contra el líder del gremio de los camioneros avanzan con la marcha habitual de los expedientes penales.

Las dos causas nuevas que tuvieron el aporte de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado del Poder Ejecutivo, fueron derivadas por los jueces que las recibieron a las fiscalías que entenderán en esos casos, para que los fiscales decidan si impulsarán las investigaciones.

Una es la que se abrió por la presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que sobre la base de un informe de la UIF denunció el 12 de enero pasado a Hugo Moyano y su hijo Pablo, a la Federación de Camioneros, al correo privado OCA y a otras empresas por presunto lavado de dinero y evasión impositiva.

La denuncia, que se tramita en el fuero penal económico, da cuenta de un cruce de operaciones millonarias entre Patricio Farcuh, presidente de OCA, y el gremio que lidera Moyano. Intercambiaron unos 100 millones de pesos entre 2014 y 2016, según consignó la UIF. El juez Rafael Caputo envió ayer la causa a la fiscalía a cargo de Alicia Sustaita. Antes, durante la feria, Caputo ordenó "certificar" las otras causas contra Moyano; es decir, chequear qué otras causas tiene y en qué estado están. Es probable, estiman en los tribunales, que este expediente termine en lo de otro juez. Podría ser Claudio Bonadio o Javier López Biscayart, que tiene una causa avanzada contra Farcuh y también recibió el informe de la UIF.

Uno de los hechos denunciados por la Procelac es que OCA, a pesar de atravesar una muy mala situación financiera, le donó $6,6 millones a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de Diciembre, y al Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, ambas instituciones conducidas por Pablo Moyano.

También está a la espera de un dictamen fiscal la causa por presunto lavado de dinero que lleva el juez federal de Quilmes Luis Armella. Es parte del affaire Independiente. Se inició como un desprendimiento de la causa por la que está preso el barra Pablo "Bebote" Álvarez, que investiga una presunta asociación ilícita que estafó al club. Desde la cárcel, Álvarez acusó a Moyano de ser el verdadero responsable de las maniobras.

Fuentes del Gobierno siguen con especial atención las causas vinculadas al club. Dicen tener elementos para creer que la situación de Pablo Moyano podría complicarse.

En paralelo, la diputada Graciela Ocaña sigue avanzando contra Moyano y anunció que hará una nueva presentación judicial la semana próxima. Ella promovió en 2011 una investigación contra el líder de Camioneros en el juzgado de Bonadio por el presunto desvío de fondos de la obra social del sindicato (Oschoca) en favor de empresas relacionadas con la familia de Moyano; fundamentalmente, con su mujer.

Este año se conoció que los hijastros de Moyano, Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, que integran el directorio de la constructora Aconra SA, blanquearon en 2017 US$1.100.000 dólares de actividades vinculadas a Camioneros y a su obra social. Aconra es una de las empresas prestadoras del sindicato.

Esta causa fue iniciada por Ocaña dentro de otra que investigó una defraudación con troqueles falsos de medicamentos. En ese expediente fueron procesados por Bonadio, entre otros, el director médico de la obra social y el exmoyanista Juan Rinaldi, ex titular de la Administración de Programas Especiales (APE). El caso fue elevado a juicio. No alcanzó a Moyano.

Además, Camioneros forma parte de un grupo de gremios ligados a una presunta evasión con una red de facturas apócrifas con la que operaban varios sindicatos. Con la AFIP como denunciante, los hechos son investigados por la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y por Armella.

"En todas las causas contra Hugo Moyano siempre el denunciante fue el Gobierno o algún funcionario del Gobierno. Nunca hubo una denuncia imparcial", dijo Daniel Llermanos, abogado del líder sindical. Según él, tanto el kirchnerismo como ahora el macrismo acusaron a su cliente de hechos jamás probados. "Hay un deseo profundo de encontrar un delito que no hay", afirmó. Para Llermanos, todas son "meras persecuciones políticas".

En Cambiemos sostienen todo lo contrario. Que Moyano gozó de una protección que ya no tiene. "Espero que ahora que el Estado tiene una actitud de colaboración con la Justicia, las causas puedan avanzar", dijo Ocaña. Cita como prueba las denuncias y presentaciones de Vialidad Nacional, la IGJ y la UIF, el organismo del Poder Ejecutivo que se convirtió en impulsor de varias de las acusaciones contra Moyano.