En el mismo interrogante, se incluiría la formación de los efectivos mediante una capacitación diferenciada de la provincial. Aunque habría menos mesas, se habilitarían los mismos establecimientos que en una votación electoral
Así que a contrarreloj un grupo de funcionarios y asesores legislativos trabajan por estas horas en el diseño del referendum que se realizaría el domingo 26 de mayo o el domingo 2 de junio, según fija hasta ahora el almanaque del Ejecutivo comunal.
El Atlántico tuvo acceso a esos primeros apuntes. Los papeles dan cuenta que la intención del Municipio es sintetizar en una única pregunta las características sobresalientes del proyecto oficial.
La idea es entonces reducir la consulta popular a un solo interrogante que exija respuesta afirmativa o negativa por una policía armada, con formación local y financiamiento a través de un tributo, tasa o impuesto.
En otras palabras, el referéndum servirá para avalar o desestimar el proyecto ya encomendado por Pulti a Alberto Binder, director del equipo técnico de Policía Municipal.
Sobre los centros de votación, los funcionarios que confeccionan el decreto trabajan sobre la posibilidad de habilitar los mismos establecimientos que se disponen para una votación electoral. “Pero con menos cantidad de mesas”, aclararon allegados al borrador de convocatoria a la consulta. Además, se deslizó la posibilidad de que las autoridades de mesa sean docentes del Sistema Educativo Municipal.
En principio, los resultados del referéndum se darían a conocer ese mismo día. No habría motivos, según sostienen desde el Ejecutivo, “para que tenga que demorarse el recuento de votos, más si se sintetiza la consulta a una sola pregunta”.
Si el propósito, como se dijo, es que se garantice la misma cantidad de establecimientos abiertos que en una votación electoral, puede que el domingo del referéndum se habiliten unos 160 colegios, clubes o salas de salud para que los marplatenses y batanenses que así lo quieran expresen su acuerdo (o no) con el proyecto de Policía Municipal que idea el intendente.
Es que en las elecciones de octubre de 2011, en General Pueyrredon funcionaron 1430 mesas (sin contar la de extranjeros) en 164 establecimientos.
Por entonces, el padrón electoral contabilizó a 510.000 vecinos en condiciones de sufragar. El Ejecutivo espera ahora, de todos modos, que el número de votantes se incremente en función de que -como así lo quieren- lleguen los padrones actualizados que contemplan a los chicos de entre 16 y 17 años.
En calidad de borrador también está el tema presupuestario. Todavía no hay cifras sobre los gastos que debería afrontar el Municipio para garantizar la consulta popular. “En eso estamos trabajando ahora”, aseveró una fuente consultada por este medio. En parte, esta definición depende de si el referéndum se ejecuta mediante el voto electrónico, que es lo que Pulti encomendó averiguar a Marcelo Artime, secretario de Gobierno.
Fue en el marco del discurso que dio en la inauguración de las sesiones ordinarias que Pulti anunció, además de la creación de un cuerpo de seguridad comunitaria, la realización de un referéndum para conocer y comprometer la opinión ciudadana sobre el funcionamiento de una fuerza local.
El intendente reveló su propuesta tras una veintena de homicidios, la mitad en ocasión de robo, que se consumaron en el primer trimestre del año. La demanda social obligó a Pulti a tomar cartas en el asunto.
Así fue que luego de semanas de indefiniciones, el jefe comunal se decidió por la conformación de una fuerza policial autónoma, armada, dependiente de su persona y que pueda financiarse municipalmente, para evitar discutir -en un principio- con una gestión provincial que respalda a la Bonaerense y que repele toda forma de autonomía municipal en tal sentido.
La consulta popular, que la oposición pidió sin éxito que se realizara junto a las elecciones primarias de agosto, sirve entonces para comprometer a la ciudadanía con el pago de una tasa o tributo que permita obtener parte de los recursos que implicará la existencia de un cuerpo armado municipal. Esta metodología permitirá, hasta que la Legislatura reglamente una norma que obligue a la Provincia a girar recursos sin intrometerse en las definiciones de esa fuerza, que el Municipio inicie su proceso policial con la mayor independencia posible.
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