Pasadas las 15 de este martes se retomó la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña para escuchar el plan de gastos establecido para el año 2014 por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. En la biblioteca del palacio legislativo, y ante la presencia de numerosos funcionarios judiciales, el vicepresidente primero de la comisión de Presupuesto, Alejandro Amor, dio la palabra al presidente del órgano administrador del Poder Judicial de la Ciudad, Juan Manuel Olmos, para que detalle el proyecto presupuestario diseñado para el Consejo de la Magistratura y los tribunales de la Ciudad.

Remarcando que el proyecto presupuestario elevado por el Ministerio de Hacienda realizó un importante recorte en varios de los items definidos por el pre-proyecto definido por el Consejo, Olmos solicitó a la Legislatura que “revea el inciso correspondiente a la compra de inmuebles” el cual tuvo un recorte de 175 millones de pesos por parte del Ejecutivo porteño (el presupuesto elevado por Hacienda prevé un total de 1100 millones de pesos). “Necesitamos que la Legislatura estudie el presupuesto para compra de inmuebles para que nos permita avanzar en el proyecto de una Ciudad Judicial”, subrayó el presidente del Consejo de la Magistratura.

En su exposición, Olmos enumeró las funciones esenciales del Consejo (selección, administración, disciplina y fortalecimiento institucional), anunció que para el año 2014 está previsto realizar “5 concursos nuevos de cargos que han quedado vacantes”, y destacó la reducción del personal administrativo y de apoyo y su reubicación en funciones jurisdiccionales. “En 2011 por cada empleado administrativo había un empleado en la jurisdicción, ahora hay dos empleados con funciones jurisdiccionales por cada empleado administrativo o de apoyo”, destacó.

Olmos también subrayó que en materia de presupuesto para salarios “no hay ningún incremento, más allá de la anualización de ciertos items salariales y la antigüedad”, y aclaró que en este punto, el inciso 1, no hubo recortes de parte del Ministerio de Hacienda y se respetó el pedido de 829 millones de pesos.

En materia de planes de gastos para obras y compras de inmuebles, el titular del Consejo de la Magistratura remarcó que se encuentra presupuestada la obra para la construcción de un centro de detención de contraventores en un inmueble de la justicia porteña ubicado en el barrio de Pompeya. “Estamos encarando una política pendiente que debería haber asumido el Poder Ejecutivo, y es el de tener un centro de detención de contraventores. Hay muchos jueces que dejan en suspenso las penas de prisión por no tener un lugar donde alojar a los condenados. La política penitenciaria no es una responsabilidad del Consejo pero sí facilitar a nuestros jueces el sistema de justicia. Vamos a destinar 800 metros cuadrados para este centro de detención”, explicó.

En la presentación ante los legisladores que integran la Comisión de Presupuesto, Olmos también expuso el Proyecto Integral de Áreas Jurisdiccionales del Poder Judicial (un proyecto para la construcción de una ciudad judicial en el sur de la Ciudad). “Encontramos la posibilidad de hacer un concurso público integral en la modalidad llave en mano. La oferta que estamos evaluando se emplazaría frente al proyecto del Centro Cívico”", dijo.

Más allá de la descripción del plan de gastos previstos para la justicia para el año próximo, Olmos hizo un punto y aparte para plantear un debate con connotaciones políticas, al remarcar el rechazo por parte del comité ejecutivo del Consejo de la Magistratura al decreto de Mauricio Macri creando un Consejo de Justicia con el objetivo de avanzar en el reclamo de transferencias de competencias con traspaso de recursos económicos y el desarrollo de un sistema de justicia vecinal.

“La política judicial es competencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Magistratura en concordancia con las cabezas del Ministerio Público”, subrayó Olmos. Y agregó: “El conflicto urbano tiene que bajar y tenemos que trabajar para que baje, pero no creemos que se deba trabajar en el sentido de abrir bocas de denuncia y judicializando los conflictos. La resolución de conflictos por métodos alternativos como la mediación o la justicia vecinal son los caminos para bajar la conflictividad”.

Finalizando su exposición, Olmos realizó varios pedidos a la Legislatura, más allá de la revisión de los recortes presupuestarios realizados por el Ministerio de Hacienda. “Solicito a la Legislatura una ley para garantizar el 82 por ciento móvil en las jubilaciones comunes a través de un fondo compensador. También les pido un debate profundo sobre justicia vecinal, y una ley para desarrollar el expediente digital. Otro tema importante es qué hacer con las ejecuciones fiscales que siguen creciendo año a año. Por qué no pensar en un sistema de mediación para ejecuciones fiscales”, dijo.

Y remarcó: “La autonomía cuesta plata, tiene un costo, y es hora que el Poder Ejecutivo y los legisladores del PRO dejen de pedir que se transfieran recursos para aceptar competencias. El fuero Penal Contravencional y de Faltas está en condiciones de recibir las nuevas competencias penales. No hay que tener el eje en cuánto cuesta o cuánto me deben sino cómo dar un mejor servicio de justicia. La Justicia de la Ciudad usa el servicio penitenciario, utiliza los registros nacionales, todo eso también tiene un costo”.

El legislador PRO y presidente de la Comisión de Justicia, Martín Ocampo, tomó la palabra y remarcó “diferencias en las visiones sobre el Consejo de Justicia” resaltando que “las facultades políticas son del Ejecutivo y de la Legislatura”. El candidato a Fiscal General porteño, también sostuvo que la transferencia de competencias judiciales con sus correspondientes recursos está establecido en la Constitución Nacional y subrayó que “la defensa de la autonomía es también saber decidir que le conviene a los vecinos y preservar los recursos fiscales que son escasos”.

“Esta Legislatura incrementó el número de fiscalías y defensorías PCyF argumentando la inminente transferencia de competencias penales. Esas nuevas dependencias ya están listas y a la espera de nuevas causas. Hay que ser coherentes. Solo falta la decisión política institucional de aceptar las competencias”, concluyó Olmos.