El senador Armando Benedetti, quien defendió la iniciativa oficial en el recinto, aclaró que quedaban excluidos de los beneficios de la ley quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad. “Esta ley era una necesidad para el país para que los guerrilleros rasos de las FARC resuelvan su situación jurídica. Pero insisto, jamás para los responsables de delitos de lesa humanidad”, precisó.

La ley será refrendada automáticamente por la Corte Constitucional y a partir de ese momento quedará en manos de la guerrilla elaborar el listado de quienes se pueden acoger a ella, siempre y cuando no hayan cometido delitos como genocidio, desaparición forzada, secuestro o violación.

La nueva ley también crea un sistema especial para los agentes del Estado que hayan sido procesados, algunos de los cuales inclusive podrían volver al servicio activo. El gobierno ha dejado claro, sin embargo, que en cuanto a los falsos positivos (los fusilamientos de civiles realizados por las fuerzas de seguridad oficiales), los uniformados involucrados tendrán que ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, que revisará cada caso para determinar su competencia y la eventual sanción.

Sobre el narcotráfico también se reiteró que el nuevo tribunal especial de paz revisará caso por caso para determinar si el guerrillero involucrado recibe o no los beneficios de la nueva norma, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se haya cometido el delito.