El pasado 6 de agosto, la administración rusa de Vladimir Putin anunció que dejará de importar alimentos y productos agrícolas desde los Estados Unidos y la Unión Europea, además de Canadá y Australia, en represalia por las sanciones que le impusieron dichos países ante la presunta intromisión del gobierno de Putin en el conflicto de Ucrania.
El 35 por ciento de los alimentos que se consumen en Rusia, son importados y Estados Unidos era hasta ahora el primer distribuidor de alimentos a Rusia, seguido por la Unión Europea. Los europeos, ya amenazaron con remitirse a la OMC, Organización Mundial del Comercio.
Moscú empezó a explorar otros horizontes, especialmente los latinoamericanos. La agencia veterinaria rusa Rosselkhoznadzor adelantó la organización de reuniones con los “embajadores de Ecuador, Brasil, Chile y el encargado de negocios de la Argentina para discutir sobre una eventual alza del suministro de productos alimentarios provenientes de Latinoamérica”.
De hecho, la misión comercial argentina, a la cual busca sumarse San Juan tiene como uno de sus objetivos, establecer contacto con el director del Servicio de Inspección Agrícola y Ganadera, Serguéi Dankvert, considerado uno de los funcionarios más influentes en cuanto a la regulación de alimentos de la Federación Rusa.
Días atrás, el vocero de la embajada de la Federación Rusa en la Argentina, Valentín Smirnov, señaló que ante los recortes de las compras a los mercados centrales de occidente “al margen de los contratos ya firmados, Rusia va a reorientar sus importaciones hacia los países que no pusieron las sanciones”, entre ellos potencias como China, pero también países de América Latina y, desde ya, la Argentina.
La empresaria Amalia Sáenz, del Consejo Empresario Argentino Ruso (CEAR), remarcó que “nosotros tenemos que liberar, crear las condiciones para estimular la producción”, destacando las posibilidades del vino y el mosto, entre otros productos.
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