El Tribunal de Impugnación Penal confirmó los procesamientos contra la ex directora provincial de Niñez y Adolescencia, Alicia Echeveste, y el ex subdirector del Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (Ipesa) y de los Hogares de Menores, Carlos San Miguel, por el delito de incumplimiento de los deberes funcionario público, por las irregularidades detectadas en esos organismos.

La resolución fue dictada por un solo juez (Pablo Balaguer) por tratarse de recursos de apelación. Con el "no" del TIP quedó ratificado lo dispuesto por la juez de instrucción, Laura Armagno, quien había dado por demostrado -prima facie- que hubo abusos y maltratos entre los internos y que los imputados, pese a su condición de funcionarios, no los denunciaron. "Quisieron esconder la basura bajo la alfombra", graficaron fuentes judiciales para describir las conductas de Echeveste y San Miguel. Con la confirmación de los procesamientos ambos quedaron a un paso del juicio oral y público.

La investigación penal fue iniciada, en agosto del año pasado, a partir de una denuncia pública que un grupo de operadores formularan a través de LA ARENA. Con esos recortes y un anónimo, donde figuraban los nombres y apellidos de las presuntas víctimas, el fiscal Carlos Ordas actuó de oficio. En ese momento, la jueza de la Familia y el Menor, María Cristina Baladrón (hoy jubilada), y el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, recibieron la misma denuncia que este diario, pero no hicieron nada hasta que la información fue publicada.Entre los hechos relatados figura que un niño fue "brutalmente golpeado" por operados del Ipesa, que les dejaron las marcas de los borceguíes en el pecho; la violencia ejercida contra otro menor a pesar de que estaba esposado; un abuso en el Hogar de Menores; y hasta adolescentes con síndromes de abstinencia que fueron encerrados en espacios muy reducidos, donde debían bañarse y hacer sus necesidades. Los denunciantes apuntaron a la "irresponsabilidad de los directivos" y al desinterés del Ministerio de Bienestar Social.

"Peligro moral y material".Las fuentes tribunalicias remarcaron que Echeveste se defendió diciendo que se trató de "un problema laboral" y no de un conflicto institucional, y agregaron que tanto ella como San Miguel "nunca quisieron reconocer" lo que estaba pasando en el Ipesa y en el Hogar de Menores. Para la justicia, al menos en esta instancia del proceso, está comprobado que en el Instituto al menos un chico fue abusado sexualmente y que en el Hogar de Mujeres había adolescentes que consumían alcohol y drogas. "Se supone que el Estado los retira de sus viviendas porque están en peligro moral y material, pero en estos casos estaban más en peligro en las instituciones del Estado que en sus casas", remarcaron los voceros.

La única vez que Echeveste habló públicamente del tema, manifestó que pidió que se tomaran medidas, pero que el subsecretario de Políticas Sociales, Pedro Freindenberger, no dio respuestas. Aunque con otro cargo, Freidenberger sigue teniendo hoy bajo su órbita el área de Niñez y Adolescencia. San Miguel, en cambio, nunca dijo una palabra.

Los dos, como consecuencia del escándalo, se vieron obligados a renunciar, pese a que en un primer momento intentaron resistir.

El incumplimiento es una figura penal que se reprime con entre un mes y dos años de prisión, e inhabilitación especial por el doble de tiempo, y se aplica al funcionario público que "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere"