Un fallo de la justicia piquense anticipa una catarata de juicios similares ante la irregularidad de las condiciones laborales de trabajadores que ofician de porteros, pero que cobran subsidios provinciales a través de las comunas.
La vieja historia de los porteros escolares que no tienen relación de dependencia laboral con Educación, tuvo en este fallo un antecedente que sin dudas se multiplicará, habida cuenta la cantidad de trabajadores que, pese a desempeñarse en las escuelas a cargo de Provincia, perciben sus haberes de las comunas.
El procedimiento se enmarca en los subsidios a municipios y comisiones de fomento "destinados a cubrir con gastos de mantenimiento y limpieza de establecimientos de educación polimodal y educación general básica".
En el caso de Molina, éste comenzó a cumplir funciones de portero, en calidad de "subsidiado" por la municipalidad (no como remuneración de un asalariado) a partir de diciembre de 2000, por lo que sus abogados, Román y Marcelo Molín, objetaron que el pago era "parcial e insuficiente y en claras condiciones de precariedad laboral", en perjuicio del actuante.
En septiembre de 2007, el entonces gobernador Carlos Verna dictó la resolución por la que se lo incorpora al trabajador al sistema de la Ley 643. Al respecto, los abogados Molín, puntualizaron que esto "de ninguna manera innova o neutraliza el reclamo de autos, que está dirigido al estado municipal y no al provincial", en alusión a los siete años anteriores a su designación.
La causa de Pedro Miguel Molina contra la Municipalidad de Colonia Barón, juicio indemnizatorio, concluyó con un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, por el que se hace lugar "parcialmente" a la demanda iniciada por Molina y condena a la comuna baronense a pagarle la suma de 21.246,58 pesos, más intereses, por la relación contractual que durante siete años mantuvo con el demandante .
También se condena a la Municipalidad de Colonia Barón a entregarle al demandante "certificación de servicios, remuneraciones y aportes bajo prevención de aplicarle una multa de 50 pesos a favor del actor por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación".
El fallo, le impone a la comuna la obligación de entregarle a Molina todos los recibos correspondientes al tiempo trabajado, bajo prevención en caso de incumplimiento de soportar una multa a favor del accionante de 30 pesos por cada día de atraso.
Los otros apoderados en la causa son: Norma Saucedo, patrocinante de la demandada (la comuna) y José Vanini y Silvia Armagno como representantes del Estado provincial.
Habida cuenta la cantidad de trabajadores que pasaron por esa situación de irregularidad laboral, o los que aún están cumpliendo funciones "en negro", se descuenta que al caso de Molina se sumarán muchos más que reclamarán judicialmente el resarcimiento económico por el incumplimiento de las leyes laborales por parte de los Estados provincial y municipal.
En cierta forma, se trata de una especie de "contra-coparticipación" de las comunas a la Provincia: ésta emplea mal y aquellas se hacen cargo.
Problema generalizado.
Entre la documentación existente en el expediente de la causa Molina contra Municipalidad de Colonia Barón, hay notas cursadas por municipios donde, en todos los casos, reconocen que reciben aportes para mantenimiento y limpieza de establecimientos educativos. "Actualmente se reciben fondos para el pago de porteros de la Escuela 104, de Winifreda, y de las escuelas rurales 100 y 138", indica uno de los escritos.
"Los fondos se abonan a personas que realizan la limpieza, con un cheque municipal ya que el dinero ingresa desde la Provincia (primero enviado por Educación y luego por la Secretaría de Asuntos Municipales) a la cuenta bancaria municipal. Las personas firman una Orden de Pago como comprobante y emiten una factura como monotributista", explica la jefa comunal winifredense Berta Herlein, al Juzgado piquense.
Otras notas cursadas desde las comunas difieren en la fecha en que comenzaron a recibir los subsidios y en algunos casos se menciona que el trabajador (portero) sólo firma una Orden de Pago.
"Este municipio recibe de parte del Gobierno de la Provincia de La Pampa, aportes para cubrir gastos de funcionamiento; y que parte de esos fondos, son aplicados en algunos casos al pago de jornalizados y contratados que están desempeñándose en distintos Centros Educativos", da cuenta un escrito de la Municipalidad de Ingeniero Luiggi, lo que patentiza un panorama generalizado de informalidad laboral inducido por Provincia.
Las intendenta de Colonia Barón, en respuesta al pliego de absolución de la causa, expone que Pedro Miguel Molina efectuaba tareas en la escuela "siendo su pago efectuado con fondos provinciales" y que "nunca fue agente municipal".
Añade que "nunca existió relación entre la Municipalidad y Molina. La Municipalidad sólo se limitaba a actuar como intermediaria entre Molina y el gobierno provincial, hasta que fuera nombrado por la Provincia como agente".
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