Los concursos instrumentados por el Gobierno de Juan Schiaretti para cargos públicos en la Provincia no sólo provocaron cuestionamientos y denuncias judiciales cuando se pusieron en marcha, sino que siguen en el centro de la polémica cuando los candidatos a sucederlo en la administración se refieren a lo que harán con los empleados públicos. Tanto el radical Oscar Aguad como Luis Juez hicieron presentaciones ante la Justicia, que quedaron archivadas e incluso se desactivaron las amenazas de anularlos si son electos.

En la Provincia hay 138 mil agentes. La cifra es 14 por ciento más alta que la existente cuando Schiaretti asumió, según datos de la Caja de Jubilaciones. Ese es uno de los aspectos más criticados por Aguad, quien responsabiliza al actual gobernador, a su antecesor -José Manuel de la Sota- y a Luis Juez como intendente de haber incrementado en “70 mil trabajadores” la planta estatal en la última década. “A cada uno lo paga doña Juana con sus impuestos y nos dejarán una pesada herencia compleja de sortear en el corto plazo”, dice a la vez que promete que -si gana- pondrá en marcha “concursos de altísimo nivel y exigencia ya que hoy hay una cantidad enorme de empleados no capacitados que entraron por la ventana y no como se debe. Marcaremos el fin de las designaciones a dedo”.

El radical plantea que reformará la ley de concursos porque es “un disparate” que se designe en cargos políticos a personal de planta. Respecto de los contratados, sostiene que pueden rendir, pero que si no hay presupuesto “se tienen que ir”. Cada vez que tienen la oportunidad, Aguad ataca el convenio laboral de Luz y Fuerza y asegura que convierte al Estado en “rehén del sindicato. La Epec es una empresa fundida en la que se ha duplicado el número de empleados en los últimos diez años”.

Juez –quien defiende las 3.500 incorporaciones que hizo siendo intendente porque “se fueron cuadros técnicos y no tercerizamos servicios”- asumió un compromiso por escrito ante el Grupo de los 6 (cámaras empresarias) para, de ser gobernador, publicar la lista de empleados, con su antigüedad y sueldo. Respecto de los concursos realizados su posición es terminante: “Fueron un acto de salvataje de los punteros; nepotismo puro”. Hacia el futuro promete “limitar” los ingresos, aunque aclara que Salud y Educación deberán tener políticas más flexibles por sus características.

Por supuesto, en el caso de De la Sota su posición es la de “mantener y respetar” la ley de concursos aplicada en la actual gestión. Prefiere no entrar en números y pasa por alto el incremento de la planta de personal durante sus administraciones; en cambio se jacta de que “nunca se hicieron tantas concursos de docentes” como cuando fue gobernador.

No es el del personal uno de los temas que más entusiasma al candidato, quien opta por respuestas vagas al estilo de que “podrá conversarse con los sindicatos cuáles son las necesidades y las adaptaciones o readecuaciones que hay que hacer”.

Habrá que esperar el resultado de las elecciones y cuatro años más para ver qué políticas se aplican.