Después de más de ocho años de ser denunciado penalmente por el docente y ex sindicalista, Omar Lara, el ex ministro de Bienestar Social, Santiago Eduardo Alvarez, irá hoy a juicio oral y público por enriquecimiento ilícito. ¿De qué se lo acusa? De que no pudo demostrar cómo incrementó su patrimonio en 708.723,74 pesos, a valores históricos, durante su paso por la administración pública. Esa suma equivalía al 66 por ciento de sus bienes personales.

El caso es otro buen ejemplo de la lentitud del sistema judicial porque, de acuerdo a la imputación que pesa sobre el ex funcionario marinista, el presunto delito habría comenzado a cometerlo hace 22 años.

La crónica indica que Lara denunció a Patucho -cuyo hijo Santiago es actualmente el presidente de Télam, la agencia oficial de noticias- el 25 de noviembre de 2005, cinco meses después de que el Tribunal de Cuentas señalara que no había podido justificar un incremento patrimonial de 1.727.153 pesos.

El expediente permaneció en un primer momento a cargo del juez de instrucción Jorge Luis Howe, quien al jubilarse fue reemplazado por Néstor Daniel Ralli en diciembre de 2008. Después de una investigación que incluyó peritajes, informes de organismos oficiales, de la Comisión Nacional de Valores y hasta allanamientos en su domicilio particular y en un estudio contable céntrico, entre otras pruebas, Ralli procesó al ex ministro en septiembre de 2011.

En el medio del proceso, el imputado mantuvo silencio cuando fue llamado a indagatoria por primera vez en abril de 2009 y recién habló, a pedido suyo, en julio de 2011. En esa oportunidad estuvo cuatro horas intentando explicarle al juez cómo se había hecho millonario.

En noviembre de 2011, el Tribunal de Impugnación confirmó el procesamiento y rechazó un pedido de prescripción de la acción penal. En esa resolución Alvarez fue beneficiada por el juez del TIP, Gustavo Jensen (quien renunció al cargo para eludir un jurado de enjuiciamiento), al ordenarle a Ralli que rebajara el monto del embargo de bienes de 4.265.716,06 a 2.426.230,94 pesos, o sea casi a la mitad, y redujera los plazos del enriquecimiento en unos nueve meses.

También el TIP y el Superior Tribunal de Justicia denegaron otros recursos presentados por el abogado Francisco Marull, incluyendo cuestionamientos a Ralli. El empujón final para que Patucho fuera a juicio lo dio la Corte Suprema cuando ratificó el procesamiento en abril del año pasado.

Pasaron más de dos décadas.

La pesquisa abarca un período de doce años y va desde el 31 de diciembre de 1991 al 31 de agosto de 2004 (dos años después de alejarse de la administración pública provincial), por lo que pasaron más de dos décadas desde que supuestamente se inició el accionar delictivo. En ese lapso Alvarez se desempeñó como subsecretario de Promoción y Asistencia a la Comunidad, ministro de Bienestar Social y vocal en el Ente Provincial del Río Colorado. Luego, entre el 20 de septiembre de 2002 y el 15 de mayo de 2003 fue director del Programa Federal de Salud (Profe), en la esfera del Poder Ejecutivo Nacional.

El juez evaluó, a priori, que a valores de 2002 Alvarez se enriqueció ilícitamente en 708.723,74 pesos. Llegó a esa conclusión a partir de un trabajo de peritos contables que, después de comparar ingresos con egresos, indicaron que su patrimonio no podía estar por arriba de los 300.000 pesos. Sin embargo, el patrimonio era de 1.072.119,82 pesos, por eso Ralli dijo que no pudo demostrar cómo obtuvo las dos terceras partes de él. Cálculos no oficiales dejaron trascender que aquella cifra actualizada rondaría los 2.500.000 pesos.

El debate debió efectuarse en noviembre pasado, pero la Cámara en lo Criminal 1 terminó postergándolo. Los jueces que juzgarán a Patucho serán los sustitutos Elvira Rossetti y Miguel Gavazza y el subrogante Miguel Vagge, quien reemplazará a la presidenta del cuerpo y única jueza titular, Alejandro Ongaro, quien se excusó por fue la fiscal que elevó el expediente a juicio.

El enriquecimiento ilícito se aplica a los funcionarios públicos y es el único delito donde se invierte la carga de la prueba y son los imputados quienes deben demostrar cómo aumentaron su patrimonio. Está sancionado con prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.

En principio fueron citados 14 testigos, entre ellos la directora provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, María Irene Giusti, y el ex jefe de entrenadores de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, Orlando Mocagatta. También aparecen los peritos oficiales Pablo Guillermo Vaquero (veterinario), Fernando Julio Gasparini y Ana Kin (contadores), los peritos de parte Mario Prat (veterinario) y David Wigan (contador), los productores agropecuarios Argentino Rabanal, Domingo Aranda Valenzuela (en 1977 llevó a Julio Iglesias a Victorica) y Ricardo Osvaldo Vidales, Osvaldo Daniel Ortiz, Jacobo Eliberto Enrique Neimeijer, Juan Carlos De Giovanni y Orlando Herbsomer.

Bonos, plazos fijos y animales.

El principal "agujero negro" del ex ministro -de acuerdo a la investigación- fueron las acciones bursátiles de Petrobras, los bonos de consolidación de deuda en dólares, los plazos fijos en dólares, un departamento en Neuquén y la cantidad de ganado. Los peritos oficiales afirmaron que en algún momento llegó a tener 5.063 animales.

Además determinaron que Patucho no documentó que haya recibido un solo dólar del plazo fijo de 130.000 dólares que devengó intereses por 31.678. Y, aunque quiso demostrar que le correspondía la mitad de otro plazo fijo que compartía con su madre, en una declaración jurada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos reconoció que el dinero pertenecía solamente a la mujer. Las otras diferencias entre los peritos y los de parte giraron alrededor de los ingresos familiares y los consumos.

Jensen, cuando en nombre del TIP confirmó el procesamiento de Patucho, escribió en la resolución: "Aparece como harto sospechoso que recién se lograra avanzar" en la causa cuando el ex gobernador Rubén Hugo Marín dejó el cargo a fines de 2003 y fue reemplazado por Carlos Verna, dando a entender que el marinismo frenó la investigación."El imputado es una persona integrada a la actividad política, y resultan de público y notorio conocimiento sus importantes vinculaciones y cercanía personal con funcionarios del más alto nivel en el orden provincial y nacional; 'relaciones' que bien pudieron servirle de paraguas protector para evitar un adecuado contralor de sus declaraciones juradas en tiempo y forma, pues aparece como harto sospechoso que recién se lograra avanzar en tal sentido luego de haberse producido cambios trascendentes en el Poder Ejecutivo provincial", expresó Jensen textualmente.