Pese a los múltiples reclamos de gremios, del Poder Judicial que acordó con el Colegio de Magistrados y Funcionarios esperar hasta el 15 de marzo a que Colombi decida sobre el presupuesto 2010, el Mandatario definió -por lo menos a través de los medios periodísticos- que continuará con la política de no discutir los gastos provinciales, algo por lo que el año pasado en la campaña electoral criticó con insistencia y hasta ordenó a los diputados de Encuentro por Corrientes a debatir un proyecto paralelo de presupuesto en la Cámara de Diputados de la Provincia.

Seguramente, el Gobernador se vio forzado a esta definición en razón de que legisladores opositores del debutante bloque radical "Leandro N. Alem" en ambas cámaras, plantearon el tema y dirigentes sindicales que el miércoles se presentaron ante el parlamento provincial para exigir a los diputados y senadores que se discuta el presupuesto 2010 y, de esa forma, saber qué porcentaje de los fondos provinciales se destinarán a mejoras salariales.

Para los representantes opositores y los gremialistas es crucial tener esa información en una provincia donde el piso de los haberes públicos es de 1.100 pesos, más cerca de la nueva línea de indigencia marcada por el desacreditado INDEC y lejos de la línea de pobreza que el mismo organismo determinó en $1.700 para una familia tipo de la Capital Federal o bonaerense, que es integrada por el matrimonio y dos hijos. Cabe consignar que, en Corrientes, ese costo es superior aún para una familia de cuatro miembros y que el promedio de hijos por cada grupo es por lo menos de 3 o 4 niños o adolescentes.

El presupuesto 2008 fijaba una suma de 3.027.714.341 pesos para el total de gastos y, además, en su articulado, autorizaba al Poder Ejecutivo a realizar giros de partidas y a renegociar con el Gobierno nacional las condiciones de la deuda provincial. Lo que no se logró ese año ni en 2009, y el de 2010 está en veremos.

Asimismo, y no menos importante en el artículo 26 del presupuesto, se establece la obligación de utilizar el 50% de los excedentes de coparticipación en aumentos salariales.