Según pudo se pudo conocer ayer, el gobierno de Ricardo Colombi está evaluando por estas horas recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar destrabar el conflicto que promete continuar por un largo tiempo más.

"La decisión de prohibir la construcción de la represa por parte del Gobierno nacional en territorio correntino atenta contra la autonomía de las provincias", apuntó el ministro de la Producción de Corrientes, Jorge Vara.

"Hemos tomado la firme decisión política de mantener la potestad sobre los recursos naturales e indudablemente en este contexto estamos estudiando las distintas vías legales existentes para defender nuestros derechos", agregó el funcionario, en declaraciones que consigna el portal LPO.

El proyecto de la represa contó desde siempre con apoyo del gobernador Colombi: de hecho, Vara, antes de asumir como ministro de la Producción se desempeñaba como presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz.

Sin embargo, el pasado 25 de agosto la Secretaría de Medio Ambiente firmó la Resolución 1.238/11 que bloqueó la iniciativa. Allí se señala que "el proyecto resulta incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675".

Según Vara, "la Secretaría de Medio Ambiente es incompetente para emitir esta prohibición dado que la legislación argentina establece que son las jurisdicciones las encargadas de elaborar los estudios de impacto ambiental".

Por su lado, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, dijo que "a partir de esta represa se genera daño ya que no se va a preservar el ecosistema". "El proyecto no seguirá adelante bajo ningún punto de vista", agregó terminante.

"La obra resulta incompatible con las obligaciones asumidas por la Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y otros acuerdos y normas internacionales vigentes en materia de derecho internacional del medio ambiente", indicó Mussi.

Así las cosas, el tema ha tomado un tinte netamente político enfrentando directamente al Gobierno de Corrientes -que desde siempre se ha mostrado a favor del proyecto- y a Cristina Kirchner -que intenta sumar un punto más en medio de la pelea con Clarín-.

LA RETIRADA DE SOROS

Este hecho viene a sumarse a lo que el último fin de semana salió publicado en tapa de un matutino porteño: que el magnate húngaro George Soros abandonó el polémico proyecto arrocero dejando en soledad al vicepresidente de Clarín, José Aranda.

Fuentes que integran la Unión Transitoria de Empresas (UTE) -que lidera la iniciativa- confirmaron el alejamiento de Soros de dicha unión empresaria, aunque negaron que esto implique la retirada del empresario del proyecto de construcción de la represa.

"Nos retiramos por requerimientos de normas contables, pero esto no quiere decir que renunciemos a los derechos asumidos", comentó a este medio una fuente cercana al magnate húngaro, cuyo paquete accionario en la iniciativa ascendería al 20%.

"La situación no cambió en nada a pesar de lo que intenten mostrar; bajo ningún punto de vista nos retiraremos del proyecto sabiendo que contamos con el apoyo del Gobierno provincial en este conflicto político", añadió la fuente.

EL MEGA EMPRENDIMIENTO

El Proyecto Ayuí Grande tiene como finalidad la producción de alimentos -arroz, granos y carne- por medio de la construcción de una represa, ubicada sobre el Arroyo Ayuí Grande, que permita la conformación de un lago de unas 7.900 hectáreas.

El emprendimiento aspira a aprovechar unas 77.000 hectáreas de suelos productivos, localizados en el departamento correntino de Mercedes, para generar alrededor de 450 empleos directos y 1200 indirectos, según estimaciones de la UTE.

Las empresas que conforman la UTE "Proyecto Productivo Represa Ayuí Grande" son Copra SA, Pilagá SRL (Adecoagro), Tupantuva SA, Santa Clara y Yuquerí SA y EA Ñú Verá.