La semana pasada, el oficialismo y sus aliados en Diputados frenaron el tratamiento de un proyecto, presentado por el justicialismo, que mejoraría el monto de este beneficio. El Gobernador determinó el aumento vía Decreto evitando una “imposición parlamentaria”.
No es la primera vez que el radicalismo gobernante utiliza la estrategia de frenar el avance de iniciativas legislativas de la oposición para después, vía Decreto, llevar adelante lo enunciado en los textos parlamentarios pero como una decisión gubernamental.
Además de lo ocurrido con la mejora de las pensiones graciables, el peronismo le “primereó” al oficialismo en la Legislatura proyectos tales como la adhesión de Corrientes al Programa Federal de Desendeudamiento o el incremento porcentual de la coparticipación a los municipios.
En ambos casos, tal como ocurriera con el aumento de las pensiones graciables, el Gobernador ordenó al bloque de oficialismo en Diputados (y sus aliados) que, merced a su número en la Cámara baja, “congele” el tratamiento parlamentario de tales textos para después ejecutar las acciones como una decisión de su administración y no una imposición de la oposición legislativa.
El pasado miércoles Diputados tenía previsto tratar el proyecto presentado por el justicialista Carlos Rubín que preveía elevar el monto de las pensiones graciables de $28 a un cuarto de lo que percibe un trabajador que ingresa a la administración pública provincial. Así, los beneficiarios hubieran pasado a percibir $525.
El texto de autoría del justicialista también preveía incorporar a otros beneficiarios hoy no contemplados en la legislación que fuera aprobada en 1985.
El proyecto en cuestión llegó al recinto con despacho favorable de la comisión de Legislación del Trabajo, órgano consultivo de la Cámara baja que incluyó modificaciones respecto del texto original.
En la sesión, la radical Alejandra Seward solicitó que no se trate el proyecto y que el mismo sea girado a la comisión de Presupuesto. Si bien el oficialismo esgrimió “cuestiones técnicas”, la intención -quedó demostrado- era frenar el avance del expediente que en ese mismo encuentro parlamentario podría haber logrado la media sanción legislativa.
Gracias a la mayoría aplastante del radicalismo y sus aliados parlamentarios en Diputados, triunfó la moción de Seward. El expediente, así, fue a parar al cajón de una comisión.
Sólo un día después de la tranca del oficialismo al proyecto del justicialismo (es decir, el jueves 14 de abril), el Gobernador rubricó el Decreto Nº722 por el cual se dispuso elevar los valores que se abonan por pensiones graciables a casi 300 beneficiarios. Tal decisión del titular del “sillón de Ferré” recién fue comunicada ayer por los organismos de información pública de la administración provincial.
Historia reciente
Uno de los pilares de la gestión de Ricardo Colombi al frente de la Casa Rosada correntina es el fortalecimiento de los municipios. Por ello, una de las decisiones más representativas de su política gubernamental es elevar el índice de coparticipación que se distribuye entre las comunas, es decir, girar mayores fondos. Así, una de las primeras medidas adoptadas por Colombi tras asumir por segunda vez la gobernación correntina fue incrementar el índice de coparticipación municipal del 15% al 16%, lo que ocurrió en 2010.
Colombi había anunciado que similar medida se repetiría en los años sucesivos. Producto de tal promesa gubernamental, el diputado justicialista Luis Badaracco presentó un proyecto por el cual se incrementaría la coparticipación a los municipios en razón de uno por ciento durante tres años (2011, 2012 y 2013). El expediente legislativo tuvo su ingreso a la Cámara baja el 31 de marzo de 2010 y fue remitido a las comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda. Nunca más se supo de la iniciativa opositora.
Sin embargo, Colombi cumplió su promesa y elevó en 2011 otra vez en un punto el índice de coparticipación que se distribuye a los municipios. Lo hizo vía Decreto que luego logró el respaldo de la Legislatura. La situación, seguramente, se repetirá el año que viene. Así, el Gobernador demuestra que la decisión las toma él a partir de su propio criterio y no por una imposición de la oposición.
Algo muy similar ocurrió con el proyecto de Adhesión al Programa de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas también presentado por Rubín. El texto sucumbió en un cajón para luego la Legislatura tratar el acuerdo alcanzado entre Corrientes y Nación que permitió reprogramar el monstruoso pasivo de la Provincia.
Inversión vs. gasto
El parte oficial del Gobierno de la Provincia de Corrientes habla de una inversión mensual de cien mil pesos para abonar la mejora a unos 300 beneficiarios.
Sin embargo, en la sesión de la semana pasada el diputado ultrarradical Manuel Aguirre al analizar el proyecto del justicialista Carlos Rubín, similar al Decreto de Colombi, dijo que los subsidios son un gasto, lo que significó duras críticas del sector opositor.
En aquel encuentro parlamentario, Aguirre dijo que los montos que se destinan a subsidios (utilizó este vocablo en lugar de pensiones) deberían ser utilizados para obras de infraestructura que busquen el crecimiento y desarrollo productivo de la provincia.
Aguirre había dicho que éste es el Norte de la actual gestión provincial. Un día después, el Gobernador firmó un Decreto que sepultó las apreciaciones de uno de sus lugartenientes.
26 años sin aumento
Después de 26 años, y por primera vez desde la sanción de la Ley General de Pensiones Provinciales Nº4.037 (25 de septiembre de 1.985), el Gobierno de Corrientes aumentó las pensiones graciables provinciales. El monto pasará de los actuales $28 a $300. Así, desde mayo, los beneficiarios cobrarán $272 más.
La decisión del Gobierno de Ricardo Colombi fue rubricada en el Decreto Provincial Nº722 del 14 de abril pasado, aunque recién ayer se conoció la medida.
Tal determinación gubernamental permitirá elevar los valores que se pagan en concepto de pensiones graciables a casi 300 correntinos que no se encuentran amparados por un régimen de previsión ni cuentan con recursos necesarios para su subsistencia. De acuerdo a datos oficiales, se trata de una inversión de cien mil pesos mensuales.


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