La empresa de bebidas gaseosas elevó una denuncia contra el juez Roberto Gallardo por “mal desempeño en sus funciones” aduciendo las demoras en el permiso para que la firma pueda encender el cartel gigantesco que está en el obelisco pese a que existe un acuerdo.
Hace casi un año, el juez había hecho lugar a un amparo promovido por los legisladores Aníbal Ibarra, Eduardo Epszteyn y Martín Hourest que señalaban que el cartel violaba las normas sobre publicidad exterior y además, que el mismo significaba un peligro visual para los automovilistas ya que podía encandilarlos y que no contaba con las debidas normas de seguridad.
Ahora, Coca Cola quiere a Gallardo fuera de la decisión sobre el cartel y pide además que un 30 por ciento de su sueldo sea retenido en carácter de multa. La acusación podría derivar en un juicio político contra el magistrado que entendió que la publicidad superaba excesivamente la altura permitida sobre fachadas, que no hubo análisis vial para determinar si afecta la seguridad por su luminosidad y tamaño. Finalmente el juez tuvo en cuenta que los carteles en la zona del Obelisco requieren de un dictamen de una comisión que en este caso no existió.
“Coca Cola solicitó apartar al magistrado del proceso por una serie de irregularidades entre las que se cuentan violación de principios constitucionales tales como el derecho de defensa en juicio, entre otras arbitrariedades como medidas dilatorias e incumplimientos de plazos procesales”, expresa en tanto un comunicado que envió a Noticias Urbanas la agencia de prensa de la marca en Capital.
El cartel de la polémica es el más grande de Sudamérica y fue inaugurado a fines de mayo del 2010 por el jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, y el ministro de Espacio Público, Diego Santilli.
La pantalla publicitaria tiene alrededor de 600 metros cuadrados, está compuesta por cuatro millones de LEDs que permiten la mayor definición de imagen en superficie transparente, y es visible tanto de día como de noche.
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