El tribunal falló en contra de la apelación del Gobierno contra la medida cautelar que había frenado el uso de 6569 millones de dólares del Banco Central para pagar deuda; en el máximo tribunal existe consenso respecto de que el tema debe ser resuelto por el Congreso y no por la Justicia
La Sala IV del tribunal rechazó una apelación presentada por el Poder Ejecutivo contra la medida cautelar con la que la jueza federal María José Sarmiento había ordenado no conformar el Fondo del Bicentenario, que el Gobierno había ordenado crear en diciembre pasado a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
Con la resolución quedaría cerrado un capítulo en los Tribunales luego de que la presidenta Cristina Kirchner dictara el decreto 2010/09, por el cual pretendió tomar 6569 millones de dólares de reservas del BCRA. Aquella medida motivó que la jueza Sarmiento y las camaristas Clara Do Pico y Marta Herrera dictaran varias medidas cautelares por las que se le impedía al Poder Ejecutivo acceder a esos fondos.
En la Corte Suprema, que preside Ricardo Lorenzetti, existe el general convencimiento de que no debe ser la Cámara ni tampoco la propia Corte las que resuelvan un conflicto que, en rigor, debe ser decidido en el cauce político del Congreso nacional.
"La Corte actúa como árbitro, dando espacio para que los conflictos encuentren los carriles naturales y sean resueltos por la política si esto es lo que corresponde", dijo una fuente del alto tribunal.


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