La nota del diario La Nación expresa: "Yo quisiera que alguien me explicara el crecimiento patrimonial de los Kirchner". Con esa frase, el actor Ricardo Darín generó, tal vez sin quererlo, una airada reacción de la Presidenta que encendió el debate respecto de la información disponible de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.

Cristina Kirchner mostró su enojo con el actor en una dura carta en la que también apuntó sus dardos contra el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, a quién le reprochó atesorar parte de sus ahorros en dólares. Pero el mensaje de la jefa del Estado fue más allá de los límites del conurbano bonaerense y de las cuentas bancarias del mandatario: "Nadie parece preocuparse por ninguna otra Declaración Jurada que no sea la de 'Los Kirchner (sic). Sólo se conocen fotos de las casas en que vivíamos nosotros, y ahora habito solamente con mi hija".

Las declaraciones juradas de la Presidenta y de todo el gabinete están disponibles para cualquier ciudadano, pero el acceso a la información respecto del patrimonio de los gobernantes es al menos engorroso en 18 provincias del país.

Según un relevamiento realizado por LA NACION, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Entre Ríos, Tucumán, Misiones, La Rioja y Formosa no tienen ley de ética pública, a pesar de que esa norma [ la 25.188 ] se sancionó en el Congreso de la Nación a fines de 1999.

En una zona difusa se ubican las provincias de Jujuy, Chubut, Santiago del Estero, Río Negro, San Juan, Catamarca, Santa Cruz, San Luis, Corrientes y La Pampa. En esos distritos se realizaron avances, pero los mecanismos de transparencia no funcionan en la práctica por varios motivos. Pero principalmente porque la ley aún no está reglamentada o no se aplica.

¿Qué provincias se adaptaron a la legislación nacional? Córdoba, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chaco permiten un libre acceso a las declaraciones juradas de sus funcionarios.

En la ciudad de Buenos Aires cualquier persona puede gestionar la declaración patrimonial de Mauricio Macri y sus ministros ante la Escribanía General de Gobierno, según establece el decreto 1381. Sin embargo, la Capital no tiene una norma de ética pública. Desde Poder Ciudadano advirtieron que el proceso para obtener la documentación de los funcionarios porteños es "complejo y tedioso". "Hay que hacer una presentación por escrito, pedir una por una e insistir", contó Germán Emanuele, coordinador del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de la ONG.