Las clínicas y hospitales privados y las empresas de medicina prepaga decidieron que no habrá atención para los afiliados a planes de salud prepagos los días miércoles y jueves de la semana próxima (4 y 5 de diciembre). El paro de actividades decidido por el sector patronal fue anunciado ayer por la tarde luego de una reunión en la que las prepagas les comunicaron a las entidades prestadoras de servicios, que aún no recibieron respuesta del Gobierno al pedido de autorización para una suba de cuotas a sus afiliados, de 16%, para obtener recursos y volcarlos a subir los aranceles prestacionales.

La medida de fuerza afectará toda la atención programada, tanto en lo que se refiere a consultas como a prácticas de diagnóstico, tratamientos y cirugías (que no impliquen riesgos de vida), mientras que sí funcionarán los servicios de guardias y emergencias.

La situación es similar a la que se planteó en agosto pasado. Para fines de ese mes, las clínicas habían anunciado un paro, que fue suspendido cuando se autorizó un aumento en las cuotas de los afiliados de las prepagas, de 9,5 por ciento (se había reclamado una suba de 15%, pero usualmente se autorizan porcentajes menores a los pedidos).

La novedad de la medida de fuerza ahora anunciada es que es impulsada tanto por las cámaras que agrupan a las clínicas como por las que reúnen a las prepagas. “Dos sectores que tradicionalmente están en pugna por los recursos, ahora plantean juntos el problema”, dijo a LA NACION Darío Durand, secretario de Cempra, la entidad que reúne principalmente a prepagas del interior .

A mediados de este año, las clínicas cerraron un acuerdo con el sindicato de la sanidad por un incremento salarial de 26% distribuido en dos etapas: un 15% en agosto y otro 11% en diciembre. Entonces, como ocurre cada año, las prepagas presentaron su pedido de autorización para aumentar las cuotas en esos porcentajes y en esos meses. Justifican el pedido al decir que, de esa forma, compensarían no sólo la suba de remuneraciones, sino también el encarecimiento de insumos y de bienes, y servicios usados en la actividad.

Tal como dispone la ley de prepagas, es la Superintendencia de Servicios de Salud el organismo que debe dictar la resolución para permitir la suba de cuotas, previo dictamen de la Secretaría de Comercio. De hecho, quien comunicó que aún no hay respuesta fue la superintendenta, Liliana Korenfeld. Pero, más allá de las formalidades, en los últimos años las decisiones sobre el porcentaje y el momento de las subas habrían sido directamente tomadas por la presidenta Cristina Kirchner.

El presidente de la asociación de clínicas Adecra, Jorge Cherro, recordó ayer que, cuando ocurrió lo de agosto, se prometió una apertura de negociaciones para evaluar los costos del sector. Pero esa instancia de diálogo finalmente no se concretó.

“Nosotros nos comprometimos a que el 100% de la suba de cuotas se traslada a los prestadores”, señaló Hugo Magonza, presidente de Acami (entidades de salud sin fines de lucro), que sostuvo que la salud es hoy una actividad con rentabilidad muy baja y riesgo muy alto.

Además de Cempra, Adecra y Acami, firmaron el anuncio del paro de actividades las siguientes entidades: Ademp (entidades de medicina prepaga); la Asociación de Hospitales de Comunidad, Cassem (entidades médico gremiales), Cedim (diagnóstico médico), Cimara (grandes prepagas), Faosdir (obras sociales de personal de dirección), FEM (emergencias) y Femeca (Federación Médica Gremial de la Capital Federal).

La Rioja

Desde la entidad que nuclea a las clínicas y sanatorios privados, no hicieron alusión respecto del paro convocado para la semana que viene, pero según se pudo conocer, no adherirían a la medida de fuerza que pretenden desde las empresas de medicina prepaga.

Las prepagas y un sin fin de atropellos

Las empresas de medicina prepaga están nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez, en el conflicto intervienen directamente las clínicas y hospitales privados, que determinaron un paro de 48 horas en virtud del nuevo aumento que pretenden las prepagas sobre las cuotas de los afiliados y, al mismo tiempo, aplicar un nuevo incremento a los aranceles a las clínicas. El hecho, pone en evidencia una vez más la interminable lista de atropellos de las prepagas, no sólo a sus afiliados, sino también a las clínicas y hospitales que prestan los servicios de salud, con los que no cumplen en tiempo y forma. Bien sabido es que las empresas de medicina prepaga suelen incorporar en sus contratos una serie de condiciones que disfrazan de legales, pero que en rigor de verdad son abusivas. Con ellas, pretenden limitar a los usuarios las prestaciones médicas que están obligadas a cumplir.

Ejemplo de esto es la falta de cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO), que es el conjunto de prestaciones mínimas obligatorias, o el período de carencia, cláusula según la cual debe pasar un tiempo hasta que el usuario pueda acceder a determinadas prestaciones. Las empresas suelen fijar este período de abstención entre los 6 y 9 meses, sin embargo el PMO no establece períodos de carencia.

Otro ejemplo radica en las denominadas enfermedades preexistentes al contrato, obligando al usuario a firmar, bajo declaración jurada, qué enfermedades tiene, para que, si apareciera luego una enfermedad no declarada, la empresa se niegue a prestarle atención médica. Pero sin lugar a dudas que el mayor de los atropellos, o el más habitual, si se quiere, cometido por empresas de la magnitud de OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint o Medicus, que concentran el 70 por ciento del mercado, es el constante incremento en los aranceles, los que muchas veces ni siquiera son notificados al menos 30 días antes de realizar dicha modificación.

Una modalidad que se reitera y que convierte a los afiliados en verdaderos rehenes de un sistema abusivo, en el que muchas veces se pone en juego algo tan delicado como la vida.