Los trabajadores de la Caja previsional, que el viernes pasado cumplieron un mes de huelga de manera ininterrumpida -21 días hábiles- se volverán a reunir hoy con el subsecretario de Finanzas de la Provincia, Juan Pablo Peloso.

Este funcionario fue designado por el gobernador Ricardo Colombi como “mediador” para que acerque posiciones con los huelguistas y encontrar una salida definitiva al conflicto.

Al parecer el Mandatario está cansado de escuchar los bombos y los reclamos continuos que los agentes del IPS suele hacer sonar frente a la Casa de Gobierno y a la Legislatura, en el marco del conflicto laboral más largo en lo que va del año.

“La reunión será por la tarde y tenemos la esperanza de que se abra una nueva etapa en las negociaciones y que en el mediano plazo llegaremos a un acuerdo”, comentó ayer a “época” la delegada sindical de los huelguistas, Liliana Sosa del Yeso.

Los agentes de la Caja previsional -organismo que administra los fondos y liquida el salario de los jubilados y pensionados provinciales- mantiene su reclamo salarial y laboral original. Están exigiendo al Ejecutivo que pasen al salario básico unos $400 que actualmente perciben “en negro”, bajo el rótulo de “adicionales”.

Según ellos, este blanqueo salarial para los 130 agentes de planta permanente insumiría unos $298 mil al IPS, y que dada su autonomía financiera no implicaría un impacto mayor en el presupuestado del organismo.

El otro reclamo original de los trabajadores es que se pase a planta permanente a unos 30 agentes que actualmente están en condiciones laborales precarias. Con la profundización del conflicto, también pidieron al Gobernador que remueva del cargo a la interventora del IPS, Estela Regidor.

La recomposición de las buenas relaciones entre los trabajadores y la titular del organismo parece estar muy lejos. Luego de que se supere el conflicto, incluso quedará una herida sangrante que no cicatrizará fácilmente, mucho más después de que se ordenara la poda de más del 60% del sueldo de los huelguistas por los días de paro.

“El que no trabaja, no cobra”, señaló el jueves pasado en conferencia de presa la titular del organismo, Estela Regidor. Además del descuento por huelga, a los agentes les descontaron parte de sus sueldos por deudas con sus tarjetas de crédito o con el banco, por lo que muchos de los agentes que están de paro no recibieron ni un solo peso este mes.

Justamente porque la conversación entre los trabajadores en medida de fuerza y Estela Regidor es inviable, y a esta altura parece imposible que se recompongan las relaciones, es que prefieren hablar con el Subsecretario de Finanzas de la Provincia. También por ello es que una de las condiciones de los huelguistas es que del cónclave de hoy no participe Estela Regidor.

“Esperemos que mañana -por hoy- por lo menos se nos haga una contraoferta, porque hasta ahora todas las respuestas fueron ‘no’, o ‘no se puede’”, señaló ayer a este diario la delegada sindical Sosa del Yeso.

El mediador

El subsecretario de Finanzas, Juan Pablo Peloso, es un abogado conocido de los trabajadores del IPS. “Fue compañero de trabajo nuestro durante mucho tiempo”, dijo Sosa del Yeso a “época”. Ésa es una de las razones por las que los huelguistas pidieron por él como nexo con el Ejecutivo para encontrar una salida al conflicto e iniciar una negociación, a lo que accedió el Gobernador. La aparición en escena de Peloso eclipsó la figura de otros funcionarios jerárquicos de Hacienda y de la Interventora del IPS. Los huelguistas prefieren dialogar con Juan Peloso, que es, en definitiva, el único funcionario en el que confían.

Las consecuencias de la huelga

“La medida de fuerza por tiempo indeterminado” que están llevando adelante los agentes del IPS “afecta el cumplimiento en tiempo y forma de su medida cautelar”.

Ésta es una de las frases que se destacan en el texto de la nota que la intervención del IPS envió a cientos de beneficiarios, a quienes no se les liquidó su medida cautelar, y a la que tuvo acceso “época”.

El jueves pasado, en conferencia de prensa, la titular del organismo, Estela Regidor, aseguró que la medida de fuerza no afectó el normal funcionamiento del organismo.

Sin embargo, luego se supo que durante las liquidaciones de los haberes de octubre quedaron colgadas unas 300 medidas cautelares, por falta del personal indicado que todavía se mantiene en huelga.

Regidor señaló después que esos beneficiarios en realidad debían presentar “una certificación de haberes, porque tienen una liquidación diferente”, y que el IPS todavía está “dentro de los plazos legales que no otorga la ley para liquidar”.

En la nota que las autoridades de la Caja previsional enviaron a un beneficiario en particular al que no se le liquidó su medida cautelar, explícitamente asegura que “la medida de fuerza por tiempo indeterminado” que están llevando adelante los agentes del IPS “afecta el cumplimiento en tiempo y forma de su medida cautelar, en razón de que el Jefe del Departamento de Beneficiarios se encuentra realizando paro”, lo que impidió realizar la “actualización de haber”.

El Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia denunció también que se detectaron casi un centenar de casos de errores en el pago de haberes de los pasivos, debido a las liquidaciones que fueron hechas también con errores, porque el trabajo lo realizaron personas que “no son idóneas, que no pertenecen a organismo”, que fueron llevadas desde el IOSCOR al IPS para reemplazar a los huelguistas.

Se habrían detectado “descuentos” y el “no pago del aumento” que se debió liquidar este mes.

Financiar la Caja

El ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, reconoció ayer que el Gobierno tiene problemas “que debemos ir resolviendo”, dijo, entre los que incluyó el conflicto del Instituto de Previsión Social. Habló de “lograr” que el Gobierno nacional “nos reconozca nuestras acreencias todos los años”; y se volvió a quejar porque la Nación le descontó los $100 millones -que la ANSES le debía al IPS- del total de pasivos que le refinanció, a través del Programa Federal de Desendeudamiento.

El disgusto es, cuando menos, llamativo, porque Vaz Torres fue el principal negociador de la reestructuración de la deuda de la Provincia con el Gobierno nacional. Un acuerdo que al parecer ahora no lo satisface del todo. Es por esa negociación que ahora es el Tesoro de la Provincia el que le debe esos $100 millones al IPS, y ya no la ANSES. Además de otros $300 millones por aportes atrasados. “A otras provincias se les entregó dinero en efectivo de sus acreencias”, comparó el Ministro. Otra de las afirmaciones que realizó ayer Vaz Torres -además de “garantizar el financiamiento” del IPS- es “lograr colocar en un plano de igualdad a los pasivos que se desempeñaron en los municipios, con los que trabajaron ‘en el Estado provincial’”. Actualmente un jubilado municipal cobra un mínimo de $738, mientras que un pasivo provincial tiene un piso de $1.400, diferencia que es calificada de “discriminatoria” por los sindicatos.