En medio de problemas estructurales, como los del fuero laboral, un polo judicial mejoraría las condiciones y hasta aliviaría el tránsito en el centro. * La iniciativa no insumiría grandes erogaciones. Hoy la Provincia paga 2.400.000 de pesos anuales por alquiler y servicios de 15 dependencias en Bahía Blanca.
Un proyecto de la entonces concejal Marta Castaño obtuvo el apoyo formal del intendente Cristian Breitenstein --fue declarado de interés municipal-- y una mayoritaria adhesión desde ámbitos tribunalicios, al punto que surgieron otras iniciativas, en el mismo sentido, como por ejemplo una del Colegio de Magistrados, que no trascendió las fronteras del organismo.
La idea se pensó a largo plazo y con distintos beneficios, por caso superar los trastornos estructurales y edilicios que presentan diferentes fueros, como el de Trabajo, de cuya acuciante situación diéramos cuenta en un informe publicado el pasado domingo.
La medida, de manera indirecta, también beneficiaría al tránsito bahiense, porque se erradicarían de la zona céntrica no menos de 500 vehículos en el horario de funcionamiento del Poder Judicial, entre las 8 y las 14.
De hecho, se ejecutaron estudios de impacto ambiental que ratificaban esa mejoría, teniendo en cuenta que la ciudad judicial se calculaba alejada y que hoy la mayor parte de las dependencias se encuentra en cercanías de la Plaza Rivadavia.
Los principales proyectos direccionaban la instalación en el ex Mercado Victoria, en el cordón ferroviario que corre entre Brickman y Chile, desde Donado hasta Undiano.
La erogación no sería imposible de afrontar, si se toma como parámetro que hoy la Provincia destina no menos de 2.400.000 de pesos anuales al alquiler y pago de servicios de los 15 edificios que la Justicia utiliza en nuestra ciudad, sin calcular los costos de actualización de las locaciones.
Además, la saturación de espacios es sumamente notable, en especial desde 1998, cuando se reformó el Código Procesal Penal y se impuso una nueva modalidad de investigación y juzgamiento de los delitos, con un sostenido crecimiento de los recursos humanos.
De 28 organismos (dependientes de la Suprema Corte y del Ministerio Público), se pasó a más de 60, con sedes relativamente distantes entre sí y desarticuladas.
Esta particular condición, a su vez, se contrapone con la necesidad de brindar un eficiente servicio, por distintos factores.
Además de aliviar la circulación vehicular, con la ciudad judicial se alejarían del centro los camiones de mediano o gran porte destinados al traslado de detenidos y se suprimiría la alta circulación diaria de personal con causas en trámite entre las distintas sedes, hecho que genera riesgos de sustracción, extravío o daño en la vía pública.
Por otra lado, la creación de un polo favorecería al desarrollo y crecimiento del sector donde se emplazaría el complejo y también permitiría ahorrar no solo en el gasto de alquileres sino en la cantidad de policías destinados a la custodia de cada una de las reparticiones actuales.
Lugar y costos.
En cuanto al sitio seleccionado, en el proyecto de los magistrados se analizó la posibilidad de compra de tierras para crear un polo similar al de Santa Rosa o Neuquén, pero se concluyó que la inversión sería extremadamente alta e inconveniente.
En cambio hubo consenso unánime sobre el ex Mercado Victoria, predio que está emplazado en tierras del Estado nacional.
"Su cesión al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires para el fin proyectado implica que la inversión inicial en los terrenos necesarios para materializar el proyecto sea nominal y realmente a un costo cero", sostenía la iniciativa de la entidad que nuclea a los jueces.
Por otra parte, la inversión en infraestructura sería claramente inferior al costo de construir desde los cimientos.
La erogación necesaria, a su vez, podría ser compensada por la cesión que el Poder Judicial podría efectuar en beneficio del fisco provincial de edificios propios, de un alto valor económico y que pueden tener otros fines públicos o privados.
De todas maneras, de concretarse la idea, en el histórico Palacio de Tribunales, por una cuestión tradicional, se mantendrían en funcionamiento algunos cuerpos, como las Cámaras.
"No sabemos qué pasó"
El gremio que agrupa a los trabajadores judiciales fue una de las entidades más interesadas en la concreción del proyecto, a partir de reuniones con representantes políticos y judiciales.
Sin embargo, sus autoridades desconocen los motivos del enfriamiento del caso, y más teniendo la venia del intendente y hasta del ministro de Justicia y Seguridad provincial, Ricardo Casal.
"Nosotros cumplimos el pedido del presidente de la Suprema Corte, que cada municipio avance en tierras a los fines de concretar el polo judicial para cada departamento. Tuvimos reuniones con el intendente (Breitenstein) y vino el ministro Casal y se comprometió, al punto que dijo `no se hagan problema que hay préstamos del Banco Mundial'", declaró Víctor Hugo Solomón, secretario general de la AJB.
En el mismo marco, el sindicalista dijo que el jefe comunal nombró al arquitecto (Marcelo) Lenzi (a cargo de la Agencia Urbana) para las tratativas.
"Nos convocó a Catastro, tuvimos dos o tres reuniones, hablamos sobre extensiones y tierras. Nos habían ofrecido la parte de Donado hasta casi Undiano, pero todo quedó en la nada; no sabemos qué pasó. Quedaron en volver a llamarnos y hace dos años que no tenemos ningún tipo de comunicación. No nos convocaron más", afirmó Solomón.
La exconcejal Marta Castaño, otra propulsora de la iniciativa, se lamentó por la situación actual.
"Sin dudas que sería importante para Bahía, en algún momento se va a tener que realizar, porque se está gastando muchísimo dinero en edificios alquilados, que no son cómodos para los empleados ni para guardar los expedientes", argumentó.
Castaño remarcó que se trata de "una obra necesaria para la ciudad".
En Mar del Plata avanza
A fines del mes pasado se firmó un acta entre integrantes del Poder Judicial, legisladores y dirigentes sociales de Mar del Plata, con el fin de avanzar hacia la creación del complejo judicial en esa ciudad.
"Ya tenemos los terrenos, leyes nacionales y el proyecto de infraestructura surgido de un concurso nacional que es realmente espectacular. Ahora necesitamos que se presupueste la obra y que los aportes provinciales y nacionales puedan abarcar el financiamiento", sostuvo Fernando González, presidente del Colegio de Abogados de La Feliz.
El intendente Gustavo Pulti, a su turno, se comprometió a "promover todos los esfuerzos para conseguir financiamiento".
El polo marplatense funcionará en terrenos ubicados en la avenida Juan B. Justo, entre Pehuajó y Funes (en una zona cercana al estadio mundialista).
El predio pertenecía al Ferrocarril General Roca y fue cedido a través de una ley que promulgó la presidenta Cristina Fernández.
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