La presidenta Cristina Kirchner dispuso ayer una serie de medidas que permitirán evitar que la Justicia ordene la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, intervenida desde agosto pasado.

Las medidas quedaron plasmadas en el decreto 252/2013, por el que se suspendieron las obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras que la ex Ciccone había comenzado a incumplir en los últimos meses.

Esos incumplimientos, sumados al rojo operativo registrado desde el año pasado, habían llevado a la Justicia a convocar a una audiencia para el martes próximo entre el interventor (el ministro de Economía, Hernán Lorenzino) y el síndico del concurso, Martín Stolkiner, como paso previo a evaluar si correspondía disponer la quiebra.

La Presidenta también autorizó a compensar el costo que insumirá expropiar la ex Ciccone -rebautizada Compañía de Valores Sudamericana- con las deudas tributarias y previsionales que la imprenta arrastraba desde hace años con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De este modo, la expropiación le costará al Estado, al menos, $ 240 millones que la AFIP dejará de percibir en impuestos, intereses, multas, honorarios y cargas sociales impagos, a pesar de los planes excepcionales de pago que gestionó y obtuvo el entonces presidente de la imprenta, Alejandro Vandenbroele, investigado por la justicia penal como presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou.

El costo para las arcas fiscales, sin embargo, podría elevarse aún más. Dependerá del valor de expropiación de la empresa, que deberá estimar el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que depende del Ministerio de Planificación y al que la Presidenta ordenó ayer que fije el "justiprecio de los bienes" de la compañía..