No es la primera vez que en el ámbito político se desoyen las cautelares judiciales. El cassanismo desvinculó al partido de la jurisdicción apostando a dar batalla ante los tribunales locales en los que el oficialismo corre con las de ganar. Ayer la Convención suspendió la afiliación de Josefina Meabe y de otros exponentes del espectro vinculado al kirchnerismo. Según los promotores de la autoconvocatoria, estuvieron 104 de los 127 convencionales habilitados, y hubieron conceptos fuertemente críticos a la entente con el Gobierno nacional. Se aprobó la decisión de pedir el enjuiciamiento del Juez Electoral Nacional.

La Convención del Partido Liberal resolvió ayer, por unanimidad de los presentes, ratificar la prórroga por 90 días de los mandatos de las actuales autoridades a fin de evitar la Intervención, declinar su condición de partido de distrito, desvinculándose, por ende, de la Justicia Nacional, preservando su condición de partido provincial, y la suspensión preventiva de la ficha de afiliación de la presidente, Josefina Meabe de Mathó; del vicepresidente, Miguel Pérez, y de los miembros de Comité Ejecutivo, Zulma Garay y Jorge Corona, enviando al Comité de Ética y Disciplina los antecedentes pertinentes.

En el mismo acto se tomó la decisión de facultar a la Junta Electoral partidaria a realizar la readecuación del padrón o su depuración, fijándose como nueva fecha de elecciones internas el 26 de mayo próximo.

Al respecto, se decidió "excluir" automáticamente del padrón a quienes manifestaron ante autoridad policial o judicial "nunca haberse afiliado al PL".

Vale mencionar que las autoridades de la Convención del Partido Liberal se eligen en cada encuentro. En esta oportunidad, recayó la presidencia en Pedro Cassani; los vicepresidentes fueron Nélida Maciel y Ramón Simón, oficiando de secretarios, el intendente Sandro Pérez y el ex diputado Marcelo Moreno.

PRESENTES

Estuvieron presentes los intendentes Miguel Salvarredy de Alvear, Vicente Romero de San Luis del Palmar, Marcelo Nocetti de Carolina, Alejandro Cirilo Parodi de Mariano I Loza, Sandro Pérez de Palmar Grande, Nélida Maciel de San Cosme; viceintendentes, concejales, los diputados provinciales Ramón Simón, Jorge Quintana, Juan José Fernández Affur; presidentes de comités departamentales y referentes de todas las localidades del Interior provincial.

Entre las ausencias más notorias, se registró la del intendente de San Roque, Miguel Pelozo, quien si bien juega en la órbita del ricardismo, se las ha ingeniado durante todo este proceso para mantener un precario equilibrio tendiente a resguardar que su proximidad al Gobierno provincial no lo lleve a perder el sello partidario.

CONCEPTOS

En el encuentro que se inició a las 11.50 y que finalizó a las 14. 45, hubo muchos oradores, muchos de ellos llegados desde los puntos más lejanos del territorio correntino, como Sauce, Paso de los Libres, Alvear, Monte Caseros, sólo por citar algunos.

Entre otros, se escuchó al abogado Rafael Morante Serneguet, haciendo un análisis de la situación legal partidaria e informando de la "legalidad" de la Convención de la fecha.

Se sumaron a esta propuesta, dirigentes como González de Paso de la Patria, Luis Silva de Capital y Ricardo Caserotto de Mercedes, entre otros, con términos variados pero siempre críticos a otros pensamientos antagónicos.

Finalmente, la Convención se declaró en estado deliberativo y tomó decisiones de alto voltaje que ahora abrirían un conflicto de jurisdicción entre los magistrados federales y provinciales para supervisar las últimas instancias del proceso electoral en curso.

Entre bambalinas hay operaciones que alientan la posibilidad de una inminente intervención al partido de Torrent con un par de nombres en danza, aunque la decisión adoptada ayer en el sentido de sustraerse a la órbita de la jurisdicción nacional podría determinar que la Provincia avance en resguardar su propia competencia, todo con el deliberado propósito de abrir un conflicto de jurisdicción que habilite en el ínterin la realización de las elecciones internas mientras la cuestión recala en el conocimiento de la Corte Suprema, cuyos tiempos de decisión podrían extender el proceso aun más allá de las propias elecciones generales previstas para el 29-S.