Quedan sólo dos sesiones en la Legislatura para que termine el período ordinario y la interpelación al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, es el tema que eligió buena parte del justicialismo para hacer sentir su mayoría al Poder Ejecutivo. Es que la oposición no quiere dejar pasar el caso Tognoli sin antes conseguir que el Frente Progresista pague un alto costo político ante la sociedad.

Muestra de ello es que en los últimos días se reactivaron en la Cámara baja varios proyectos vinculados con la seguridad pública, pero también se congelaron otras iniciativas que formaban parte de las negociaciones parlamentarias. Por ejemplo, no se sabe qué ocurrirá con la sanción de una ley para implementar un régimen de regularización impositiva que reclaman comerciantes y empresarios.

La presencia de Lamberto en Diputados se producirá el miércoles a las 10.30, la prensa podrá estar presente y varios senadores dijeron que también participarán. Algunos rumores legislativos indican que una parte del PJ, aquellos que representan a los sectores más conservadores, intentarán pegar la figura del ex jefe de Policía con Hermes Binner, que fue quien lo puso al frente de Drogas Peligrosas.

Es por eso que diputados del oficialismo anticiparon –siempre en off y en absoluta reserva de la fuente– que sus pares de la oposición buscarán generar un “show mediático” que sea funcional al descrédito del gobierno santafesino. Entre otras cosas, sospechan que gritos y acusaciones “anónimas” contra funcionarios, dirigentes del socialismo y autoridades policiales podrían partir desde las barras de la Cámara de Diputados para que todo se televise, se escuche y se escriba.

A pocos meses de elecciones de medio turno en la provincia y de diputados nacionales, integrantes del FPCyS advierten que esta crisis que surgió producto de la detención de Hugo Tognoli querrá ser explotada al máximo por sus oponentes. Por ese motivo, saben que más allá de las explicaciones de rigor el resultado del encuentro será presentado por el peronismo como un fracaso más de la Casa Gris en su política de seguridad.

La última vez que se interpeló a un ministro fue a fines de la década del 80 cuando el gobernador era Víctor Félix Reviglio. En aquel momento, el titular de la cartera de Gobierno, Alberto Didier, concurrió a la Legislatura a brindar explicaciones luego de los saqueos producidos en Rosario. Después, el PJ se negó sistemáticamente a utilizar ese mecanismo. Ni siquiera por los asesinatos del diciembre trágico de 2001 o de la inundación de Santa Fe en 2003.

Tampoco hubo interpelación al ex ministro Roberto Rosúa cuando Jorge Obeid nombró en su gabinete al teniente coronel José Berhnardt (subsecretario de Seguridad Pública) y al suboficial del Ejército Nicolás Correa (era el número dos), ambos muy vinculados al circuito represivo durante la última dictadura. De hecho, recién en la presente década Correa fue condenado por delitos de lesa humanidad.

Rédito político

Al respecto, el presidente del bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria-PJ, Darío Mascioli, ya anticipó: “El ministro Lamberto deberá explicar en el recinto de la cámara “qué pasa con las cajas negras (en la Policía); por qué (el ex secretario de Seguridad, Marcos) Escajadillo se niega a mantener reuniones con los diputados o en la Comisión de Seguridad Pública, y qué significado tiene que Binner haya dicho que el caso Tognoli está muy confuso y más oscuro que antes”.

“Y, además, en cuanto al fallo del juez Vera Barros, que al dejarlo libre a Tognoli habló de la falta total en el manejo de la información por parte de la Policía, qué pasó con la liberación de (presunto narcotraficante Andrés) Ascaini, las denuncias contra la Policía Federal y las incumbencias de la Justicia; en atención a que el propio ministro Lamberto dijo que estaba desmadrada la Policía de la provincia”, indicó la espada legislativa que tiene el presidente del PJ, José Luis Freyre.

Muchos de los interrogantes expresados por Mascioli y otros tantos compañeros de partido sólo podrán ser respondidos por el juez Vera Barros y el Ministerio de Seguridad de la Nación, ya que el narcotráfico es un delito federal y el caso Tognoli está siendo investigado. Sin embargo, cree que la provincia está obligada a tener una actitud más activa en la prevención del tráfico de drogas y su comercialización a gran escala, aún cuando no es su competencia.

Es de recordar, que Freyre aportó más leña al fuego a principios de mes cuando dijo que “Santiago del Estero fue intervenida por un conflicto mucho menor” y “si el Gobierno nacional quiere intervenir la provincia (de Santa Fe) parece que tiene elementos judiciales e institucionales como para hacerlo”.

Luego el gobernador Antonio Bonfatti y el conjunto del oficialismo brindaron una conferencia de prensa y presentaron a esas declaraciones como desestabilizadoras. El intendente de Venado Tuerto pidió perdón por utilizar un mal ejemplo, a la vez que negó que el peronismo esté pensando en pedir la intervención federal en Santa Fe, pero sus dichos no ayudaron a buscar soluciones al problema sino a dividir aún más a la dirigencia política.