En un entrelazado un tanto difícil de entender y que aún debe ser probado, la empresa Ciccone Calcográfica habría sido adquirida por la sociedad The Old Found (TOF), mientras Boudou era ministro de Economía.

El juez Lijo establece en su escrito que la empresa se encontraba representada por Alejandro Vandenbroele, a quien se conecta directamente con el vicepresidente.

El juez sospechó que se habría acordado con los dueños de Ciccone la cesión del 70% de la empresa a cambio de poder facilitar las vías para que esta pueda operar y contratar con la Administración Pública, algo que no fue posible desde un principio por firmas en rechazo del titular de la AFIP a nivel nacional, Ricardo Echegaray.

Era jefe de asesores

El actual titular de la AFIP-Salta, fue jefe de asesores de ese organismo nacional y estaría involucrado en la maniobra, según el juez de la causa Ciccone.

"Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner - jefe de asesores de la AFIP- en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP", dice el escrito del juez.

El hecho es que la empresa se había declarado en quiebra y para operar con el Estado debía levantarse ese estado y regularizar la situación ante la AFIP.

Se presentó un plan de pagos que Lijo consideró ilegal en tanto incluía la quita de intereses, honorarios y multas. "El 25 de octubre de 2010, Resnick Brenner, Jefe de Asesores de AFIP, realizó un dictamen dirigido al Administrador Federal donde consideró, de forma inédita en esa clase de trámites, que era menester obtener la opinión del Ministro de Economía, respecto del temperamento que debía adoptarse (ante el plan de pagos).

En virtud de ello, el día 8 de noviembre de 2010, Boudou, en su calidad de ministro de Economía, firmó la nota N° 154 dirigida al Administrador Federal donde opinó que, si bien no era de su competencia pronunciarse al respecto, la concesión del plan de pagos se correspondía con las políticas generales del gobierno. En consecuencia, el 18 de noviembre de 2010, Resnick Brenner dictaminó a favor de la concesión del plan de pagos ilegal, que Ricardo Echegaray rechazó de puño y letra, oportunidad en la que afirmó que el plan debía ajustarse a derecho", sostuvo Lijo en su resolución.

Ante este rechazo, dijo el juez, Ciccone pasó a llamarse Compañía de Valores Sudamericana (CVS), y el 14 de noviembre de 2011 a través de Vandenbroele, solicitó un nuevo plan de pagos ante la AFIP que finalmente fue aprobado y desembocó en la concesión del certificado fiscal para contratar con el Estado, el 13 de diciembre de 2011. En ningún momento Lijo sostiene que esta operación fue ilegal, aunque afirma que con esto "se habría cumplido el objetivo último de la maniobra: la contratación con el Estado Nacional para la impresión de billetes de curso legal".

Además de Boudou y Resnick Brenner, se solicitó la comparencia a indagatoria de José María Nuñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick.