Según la familia de Lautaro, “nada garantiza” que el policía que mató al chico no entorpezca la investigación. El hermano de la víctima denunció ante Info Región una conducta corporativa de la Policía y la Justicia que “viola el derecho de justicia” para beneficiar al imputado. David Benítez, acusado de matar al futbolista, fue puesto en libertad.
Para Marcelo Soukop, Pablo Little y Joaquín Díaz Ferrer, los jueces que integran el Tribunal, el policía "carece de antecedentes penales" y "no hay peligro de fuga" al concederle el beneficio.
En este marco, el hermano de Lautaro, Gonzalo Bugatto, expresó el malestar que siente toda la familia ante esta determinación: “Sentimos indignación porque consideramos que se nos viola nuestro proceso de justicia. Desde un comienzo no hubo transparencia en el procedimiento policial y ahora tampoco en el judicial”, reclamó.
Bugatto denunció un “accionar corporativo” del poder policial y el judicial que, según él, “actuaron en connivencia”.
“La máxima prueba de eso fue entregarle el vehículo a la esposa del imputado para que después vuelva con dos marca. Ese vehículo ya había sido peritado previamente y estaba en perfectas condiciones”, acusó.
Para el hermano de la víctima, “Benítez aprovechó ese presunto guiño de la justicia para convertir una imputación asesinato en una acusación por exceso de legítima defensa”.
El cambio de carátula citado por el hermano de la víctima ocurrió en septiembre pasado cuando la misma Cámara que hoy excarcela a Benítez, transformó la causa por homicidio simple agravado por uso de arma que pesaba contra él en una por homicidio cometido con exceso de legítima defensa.
Esa modificación en la causa conllevó la baja de una potencial pena contra el acusado: por homicidio cometido con exceso de legítima defensa la pena máxima es de 5 años. 20 años menos que el tope previsto para el homicidio simple agravado por uso de arma, primera acusación que recayó sobre Benítez
“En la comisaría declararon cuatro testigos pero en los papeles aparecieron tres, casualmente el que faltaba era el más importante”, remarcó el hermano de la víctima. “Los primeros efectivos que vinieron a la escena del crimen levantaron las vainas con las manos, no perimetraron el lugar y hasta dejaron una vaina en la calle y se la tuvo que llevar un vecino al fiscal”, agregó.
Para la familia de Lautaro, esta decisión de la Justicia es un factor más para la desconfianza: “En primera instancia no se dieron todas las garantías en la investigación y en segunda instancia hubo un fallo parcial. Si ya entorpeció la investigación en un comienzo, nada nos garantiza que lo vaya a hacer después”, sostuvo Gonzalo, quien además remarcó que “después de cometer el hecho, Benítez intentó subirse a su vehículo pero los vecinos rodearon el auto y lo obligaron a bajarse”.
Por todo esto, la familia de Lautaro dará la semana que viene una conferencia de prensa en la cual denunciará “estas y otras irregularidades”.
Lautaro Bugatto fue asesinado el 6 de Mayo, cuando Benítez le disparó por la espalda mientras el joven futbolista formado en Banfield se disponía a entrar a su casa de Pedro Goyena y Monteverde, en Burzaco.
El agente sostuvo que se había tiroteado con dos delincuentes que intentaron robarle una motocicleta a su hermana y que no había visto a nadie en las inmediaciones del lugar. El policía circulaba en su auto y sus familiares en una moto delante de él.
El oficial, que estaba de civil cuando repelió la supuesta agresión, terminó por herir a Lautaro, que se encontraba a unos 30 metros de la posición del policía, en la puerta de su casa junto a unos amigos con los que iba a salir a bailar.
Por su parte, la familia del juvenil lateral derecho aseguró en declaraciones a la prensa que Benítez “miente descaradamente al hablar de un tiroteo, al decir que le dispararon”.
“No hay balas (de delincuentes) en el lugar porque nunca las hubo, las únicas son las de él", resaltaron.
Por el hecho, Benítez recibió duras críticas por parte de la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Ricardo Casal.



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