Ante la postura del Gobierno de  Santa Cruz, que ha manifestado que  respalda casi por completo lo planteado por el Gobierno nacional, la referente política y candidata a Gobernadora Elsa Capuchinelli, se refirió  al tema, resaltando los puntos que a su parecer debería tener en cuenta la provincia como propietaria de los hidrocarburos que se encuentran en su subsuelo, ya que lo que se intenta modificar  es el marco que va a determinar la explotación de su principal recurso no renovable y la renta que la provincia podrá obtener del mismo.

La candidata menciona que para defender los intereses provinciales, entre otros puntos se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones de importancia, las que se deben tener presente antes de decidir sobre la aceptación de lo que la nación intenta imponer:

1) Ratificar la ley corta, que es la que garantiza la administración y jurisdicción de las provincias sobre los hidrocarburos de su propiedad.

2) Si bien para el país y para la provincia resulta necesario y prioritario incentivar las inversiones que posibiliten desarrollar la exploración,  incrementar las reservas de todo tipo y aumentar la producción de hidrocarburos, especialmente en yacimientos no convencionales,  no resulta conveniente que el régimen especial que se llegue a crear otorgue beneficios a las empresas concesionarias a expensas de los intereses y recursos provinciales, ni sobre los de los trabajadores del sector.

Resulta razonable que cada proyecto pueda ser considerado en particular.

3) Tener en cuenta que con una demanda creciente de hidrocarburos frente a un recurso que se agota, fijar condiciones inmodificables por un plazo de hasta 35 años resulta sin dudas contraproducente para los intereses de la provincia.

4) Con los mismos fundamentos, acotar la modalidad y los porcentajes para que la provincia perciba regalías o cualquier otra forma de compensación por la extracción y entrega de sus recursos no resulta conveniente para los recursos provinciales. Máxime en un marco como el actual, en el que la nación fija arbitrariamente el valor del petróleo sobre el cual se cobra la regalía y se liquidan los tributos provinciales. 

5) Considerar la remediación de los pasivos ambientales que la actividad ha generado, y tener en cuenta prioritariamente la preservación del medio ambiente y de las fuentes de agua potable. Remediar el enorme pasivo ambiental existente debe ser parte integrante de cualquier acuerdo que se acepte.

6) Considerar como parte de las inversiones los desarrollos que requieren las localidades de la provincia en las cuales se radiquen las empresas y trabajadores que la actividad necesita.

7) Considerar el desarrollo de las instituciones provinciales que deben realizar el control ambiental, laboral y de cantidad de producción, dotándolas de los medios y tecnología adecuada. 

8) No es conveniente  que una sola persona, como lo es el poder ejecutivo, decida  sin consulta sobre el destino del principal recurso no renovable provincial. 

Para concluir Capuchinelli hizo hincapié en la necesidad inmediata de mejorar los controles sobre los recursos que se extraen,  ya que se continua efectuando el calculo de regalías través de una declaración jurada. “Desde nuestro espacio propiciamos que  se realice un control más efectivo sobre lo que se explota, que se midan los recursos con tecnología de punta,  para evitar fugas de divisas que solo perjudican las arcas provinciales”, sentenció.