Por Juan Marcos Pollio

El Gobierno envió al Congreso el texto final, con modificaciones, de la Ley Ómnibus, que deberá tratarse esta semana. Entre los cambios se incluyó la quita de retenciones a las economías regionales, con un impacto en torno al 0,16% del PBI, y una modificación de la fórmula jubilatoria, que a partir de abril pasará a estar atada a la inflación que mide el Indec. El Poder Ejecutivo negoció para conseguir la aprobación del proyecto sin resignar el objetivo del superávit fiscal, lo que se lograra si el IPC desacelera, ya que en ese caso los jubilados no podrán recomponer sus haberes y ese gasto encontrará un ahorro de hasta 0,9% del PBI. En cambio, tal como destacan los analistas, si la inflación se espiraliza, habrá un impacto en el gasto.

El presidente Javier Milei planteó que la búsqueda de las modificaciones fue que no tuvieran impacto sobre el objetivo de la consolidación fiscal: "Nosotros tenemos que mirar siempre el equilibrio fiscal. La discusión es con el equilibrio fiscal sobre la mesa". 

Por un lado, dentro de los cambios se incluyó la quita de retenciones a las economías regionales, una iniciativa que había sido implementada por el exministro Sergio Massa a principio de septiembre, pero que la administración actual amagó restaurar bajo una nueva alícuota del 15%. 

El plan original del ministro de Economía, Luis Caputo, era la aplicación de este impuesto para todas las exportaciones para lograr una recaudación del 0,5% del PBI, según datos oficiales. De ese total, un tercio correspondería a las economías regionales, por lo que el impacto en la recaudación de la vuelta atrás oscilaría en torno al 0,16% del Producto, según estimaciones del economista Roberto Arias. "No es muy significativo lo que perdería el gobierno", opinó. 

Por el otro, también se modificó el esquema de movilidad jubilatoria. La idea original del oficialismo proponía eliminar la fórmula que establece actualizaciones trimestrales para lograr un recorte equivalente al 0,4% del Producto. La nueva propuesta prevé mantener el cálculo actual hasta marzo y a partir de abril actualizar en base al IPC.

Según PxQ, "dado que los datos se publican con cierta demora, el índice tiene un rezago demasiado grande para la inflación actual". Para la primera actualización del índice, además, se utilizaría el dato de febrero.

"El cambio de fórmula sería en realidad un ajuste encubierto, que consiste en reconocer 11 de los 12 meses de inflación de 2024. Con este artilugio, el gobierno se estaría 'ahorrando' la inflación de enero para la movilidad previsional. Esto es particularmente importante porque, si el plan es exitoso, la inflación mensual debería ser decreciente y, por tanto, la variación de febrero que incorporarán los haberes no será suficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido durante enero", opinó la consultora de Emmanuel Álvarez Agis, que estimó que el gasto en jubilaciones podría caer hasta 0,9% del PBI con este mecanismo.

Para el director de CEPA, Hernán Letcher,  "hay un problema en la dinámica de la fórmula, que es que los recursos de seguridad social van por un carril que es el del empleo y salario y los pagos van por IPC, lo cual es un problema porque disocia la fórmula del recurso que genera los ingresos". Es decir, que a priori la búsqueda oficial es que la inflación pierda algo de poder adquisitivo entre diciembre y marzo y que luego, desde abril, sólo empaten con la inflación, sosteniendo un poder adquisitivo ya golpeado. Sin embargo, si la inflación no baja, eso podrá golpear a la dinámica fiscal, ya que su gasto crecerá y los ingresos de la seguridad social no, ya que los salarios seguramente no alcancen al IPC. "En ese caso, en términos fiscales van a tener que dedicar recursos por fuera del sistema de seguridad social para pagar jubilaciones", afirmó.