César es un riogalleguense que padece hidrocefalia y que cobra su pensión por discapacidad desde que tiene uso de razón. Este mes, se encontró, sin aviso previo, con que él también era uno de los más de 70 mil argentinos a los que les habían dado de baja la pensión por invalidez.  Con impotencia, al igual que los demás, ayer se sumó al amparo que se presentará el lunes en el Juzgado Federal de Río Gallegos.

El abogado que se ocupa de recaudar los datos es Martín Medvedoff, el ex juez de Faltas de Río Gallegos, quien buscará que “se restablezcan las pensiones que se dieron de baja y se paguen las sumas que se retuvieron”. Al momento de la consulta, Medvedoff tenía ya unas quince adhesiones de distintos vecinos que se encontraron, recién cuando quisieron cobrar y el dinero no estaba, con que su pensión había sido anulada.

El argumento jurídico que tiene centralidad en la demanda es que el Gobierno nacional omitió llevar a cabo algún procedimiento especial antes del recorte. Por el contrario, interpretaron un decreto sin citar a ningún beneficiario de la pensión por discapacidad, para avisarle que se las suspendía o daban de baja, por lo cual “no se les permitió el derecho de defensa”. Así, el procedimiento administrativo que se usó fue violatorio de la Constitución Nacional.

“Ni hablar del carácter alimentario que tienen las pensiones”, dijo el abogado, asegurando que no se tuvo en cuenta “que hay familias que se mantienen con una pensión”.

En sintonía con el planteo que horas antes había esgrimido el juez de la Cámara de Apelaciones, Enrique Arenillas, hay tratados de jerarquía constitucional que fueron avasallados por el poder central.

 

ACUÑA KUNZ: “YO TENGO UNA NENA DOWN”

Juan Acuña Kunz es un referente del radicalismo en Zona Norte que ayer salió con los tapones de punta. No es para menos, no sólo le contaron que habían dado de baja a las pensiones que él entregó a personas con discapacidad durante su gestión como senador, sino que además, junto a la ex diputada Estela Maris Bubola, son padres de Chiara, que tiene Síndrome de Down.

“Yo tengo una nena Down y la verdad que estoy muy conmovido, y siento que esto es inadmisible”, dijo Kunz, quien no cobra una pensión por la discapacidad de su hija.

“Es una equivocación inadmisible. Si a un solo discapacitado, sea Down o no, le quitan la pensión, me parece monstruoso e insensible”, contó después, asegurando que tiene “una amiga que tiene una pensión, la necesita, vive en un ranchito, no tiene gas y se la sacaron”.

Así, Kunz, que ya no se dedica a la política, dice que a Cambiemos “yo no los voté para esto. Hay cada vez más pobres”.

 

MDS CONFIRMÓ QUE SE BAJARON 163 PENSIONES

El Gobierno santacruceño también se metió ayer en la polémica, luego de que el Ministerio de Desarrollo que conduce Paola Vessvessian recibiera 163 consultas por pensiones no contributivas que se dieron de baja.

Si bien la Provincia no cuenta con información oficial, Alejandra Shanahan, secretaria de Infancia, confirmó que la información fue requerida a la Comisión Nacional de Pensiones.

“Lo que preocupa es que están aumentando los casos en Santa Cruz, sabemos de 163 pero pueden ser más”, sostuvo. En este contexto, afirma estar trabajando en forma conjunta con los municipios “para estar cerca de las personas y acompañarlos en este proceso, ya que lo vemos como una pérdida en los derechos de las personas con discapacidad”.

 

CIFUENTES: “SE HAN SUSPENDIDO 60 CASOS”

Sin embargo, aun cuando las voces de beneficiarios a los que se les suspendió el cobro de la pensión que ronda los $4 mil se multiplicaban, el coordinador del Ministerio de Desarrollo de la Nación en la Provincia, Walter Cifuentes, dijo que “no es cierta la noticia de que se están dando de baja las pensiones no contributivas”.

En este punto, vale mencionar que las pensiones no contributivas pueden ser de tres tipos: para madres con más de 7 hijos, para personas de edad avanzada y para quienes acrediten una discapacidad del 73%.

“En la provincia de Santa Cruz, se han suspendido 60 casos transitoriamente, de los cuales, ya muchos de ellos están en proceso de rehabilitación”, pero sucede que “hay falta de documentación o, en algunos casos, esa baja se termina dando porque no corresponde a lo que requiere la ley”, advirtió Cifuentes.

El funcionario, que asumió hace 14 meses, insistió con que “lo que ha pasado acá es una noticia falsa con un objetivo político”, pero entiende que lo que pasó con los 60 casos suspendidos en Santa Cruz fue que “se hizo un entrecruzamiento de datos con el ANSES y han saltado algunos datos que no coincidían con lo que requiere la ley”, aunque no especificó y por lo tanto calificó a la polémica suscitada como “una campaña de desprestigio contra el Gobierno nacional”.

 

BRINGAS: “no hay bajas de pensiones”

Por otra parte, desde el Centro de Referencia local, Ítalo Bringas confirmó, a través de un comunicado, que “no hay bajas de pensiones no contributivas, sino que fueron suspendidos varios casos que están restableciéndose”. Esto sucedió “ante el faltante de documentación de los titulares”.

Asimismo, dijo que “se hallaron casos de pensiones que fueron mal otorgadas, en las cuales las personas tienen un empleo bajo relación de dependencia y un incumplimiento de la ley por gozar de otro sueldo” y que, frente a ello, “la idea central del Gobierno nacional es tener un orden y una transparencia en el otorgamiento de pensiones”.

Al margen de la decisión del gobierno de Mauricio Macri, acceder a una pensión por invalidez no es sencillo, ni mucho menos retenerla, ya que además de presentar un grado de discapacidad que disminuya la posibilidad de trabajar en un 76% o más, los beneficiarios no deben percibir, ni ellos ni sus parejas, ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva.

Tampoco pueden tener un trabajo bajo relación de dependencia, ni bienes, ni ingresos ni recursos que permitan su subsistencia o la del grupo familiar. No tienen que tener parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que, teniéndolos, se encuentren impedidos para hacerlo.