La empresa Cablevisión S.A. intenta retrasar ahora la definición de la polémica causa del cableado ilegal de fibra óptica al solicitarle al Superior Tribunal de Justicia la incorporación al expediente de una prueba que debe ser respondida por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y que podría demorar más de un mes porque fue pedida directamente a la sede central del organismo en Buenos Aires.
La causa podría entrar en una definición cuando llegue el oficio del organismo nacional, a cargo del kirchnerista Martín Sabbatella, y se solicite posteriormente -lo debería hacer alguna de las partes- el cierre del periodo probatorio en el que actualmente se encuentra el proceso judicial. Los ministros del STJ pretenden emitir sentencia durante este 2013, a dos años del recurso contencioso-administrativo presentado por Clarín para evitar las desconexiones de la red instalada en forma ilegal.
El conflicto entre la comuna capitalina y Cablevisión comenzó el 24 de agosto de 2009 cuando el municipio concedió un permiso precario a la empresa para instalar su nueva red, pero el 29 de diciembre de ese año le retiró esa legalización argumentando que el Grupo Clarín no podía acreditar la licencia habilitante para operar en la capital. El ex intendente Francisco Torroba (Frepam) ordenó el cese del cableado, y luego de comprobar que el tendido seguía su curso, la desconexión, aunque la empresa hizo caso omiso.
Además de desoír la resolución, Cablevisión acudió a la Justicia solicitando la nulidad de la disposición que ordenaba terminar las conexiones, y presentó una medida cautelar para dejar en suspenso la medida hasta que se expida el STJ. Posteriormente, el tribunal dejó vigente esa resolución que obligaba a Cablevisión a "bajar" las nuevas conexiones, y hoy la comuna se encontraría habilitada para avanzar en ese sentido, aunque decidió esperar la sentencia.
Pruebas.
La apertura del periodo de pruebas en esta causa polémica se constituyó el 14 de marzo del año 2011, y a partir de ese momento, la parte actora (Cablevisión) y la demandada (la municipalidad) aportaron las pruebas documentales y periciales que consideraron necesarias para la definición.
Se incorporó allí una prueba pericial relacionada al efecto que tendría en los abonados el retiro del cableado ilegal de la firma del Grupo Clarín. Se trata de un estudio del ingeniero Jorge Altolaguirre, según informaron fuentes judiciales. También se sumaron distintos oficios: uno de ellos sobre la autorización que otorgó a la empresa Cablevisión la Municipalidad de Toay para tender su red de cable en esa jurisdicción.
El noviembre del año pasado, el STJ aceptó la incorporación de un amparo presentado por el presidente del Club All Boys, Eduardo Leones, en agosto de 2010 para que la Justicia Federal disponga una audiencia pública para discutir la prestación del servicio de tevé por cable en Santa Rosa, donde Cablevisión ahora tiene a la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) como parte de la competencia.
Los tiempos legales.
El cierre del periodo probatorio también puede ser determinado por el STJ, si es que las partes dejan pasar demasiado el tiempo, ya que la legislación tampoco establece plazos en este sentido. A partir de ese momento, comenzará una nueva etapa en la causa por el cableado ilegal de la firma del Grupo Clarín en Santa Rosa.
El primer paso es el planteo de los alegatos, donde las partes dispondrán de un plazo concreto de diez días para resolver esa cuestión. Posteriormente, se dará vista a la Procuración General de la Provincia, a cargo de Mario Oscar Bongianino, que tiene un tiempo similar para considerar su presentación.
Luego, según se informó desde el ámbito judicial, entrarán los autos para dictar sentencia, donde los ministros disponen de treinta días para emitir su decisión. Considerando esos plazos, y la voluntad del máximo tribunal de justicia de la provincia, la causa encontraría una definición durante el transcurso de este año.
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