Fuentes extraoficiales dijeron a esta corresponsalía que el controvertido jefe comunal se habría presentado días después de la audiencia a la que faltó en primera instancia, pero no se supo si declaró o no, tampoco quién ejerció la defensa técnica. Lo que se confirmó es que se presentó solo, vestido de manera informal.

Para el caso que la audiencia se haya concretado, el juez Alvarez tendrá 10 días hábiles para resolver su situación procesal. Bravo fue condenado recientemente a la pena de siete meses de prisión en suspenso e inhabilitación por 14 meses por el delito de abuso de autoridad, debido a que habilitó irregularmente un cabaré en 25 de Mayo.

En esta oportunidad se lo acusa de haber cometido los delitos de malversación de caudales públicos, peculado, administración fraudulenta, o cohecho, en perjuicio del municipio de ese pueblo.

El mandatario está implicado junto a dos ex funcionarias suyas y un empleado, quienes fueron citados a prestar declaración indagatoria, pero como no asistieron a la audiencia oportunamente fijada, se desconoce si lo hicieron con posterioridad al igual que Bravo.

La causa se originó a partir de la denuncia penal formulada en 2009, por parte de la edila de la oposición Miriam Diana González, quien en ese momento integraba el Concejo Deliberante y protagonizó varios enfrentamientos públicos con el polémico intendente.

La justicia le atribuye a Bravo que posiblemente el 14 de abril de 2009 -aún no se ha precisado fecha exacta-, en su calidad de jefe municipal, firmó solicitudes de provisión, además de órdenes de pago por las que se libraron los cheques 19002351 y 19002352 a la orden de Claudia Dominga Herrera y Estela del Carmen Espinoza, ambas por la suma de 4.200 pesos. Esto lo hizo en forma conjunta con María Celia Luases (responsable de la Secretaría de Hacienda y Finanzas), y Marcela Alejandra Escudero (directora de Acción Social).

Talonarios.

Los talonarios a los que correspondían las facturas 00000027 y 00000026, pertenecían a Claudia Dominga Herrera y Estela del Carmen Espinoza, quienes aparecen como las personas que emitieron las mismas en condición de monotributistas. La primera, en concepto de servicio y control de tránsito en el ejido urbano; mientras que la restante por servicio y control de tránsito en escuela y ejido urbano.

Los talonarios de las monotributistas habrían sido utilizados con desconocimiento de ellas, y relacionados con las órdenes de pago y recepción de los cheques ya mencionados, produciendo así, un perjuicio patrimonial al municipio de 25 de Mayo.

El tema es que los cheques librados a Herrera y Espinoza, respectivamente, fueron cobrados por un empleado comunal muy allegado a Bravo. En consecuencia para la Justicia, el intendente Bravo y sus funcionarias de aquel entonces, pudieron haber cometido los delitos de malversación de caudales públicos; peculado; administración fraudulenta; ó cohecho; en concurso ideal. Mientras que al empleado, se le atribuye una participación secundaria en los delitos ya mencionados.