Brasil anunció las condiciones para una subasta de derechos de perforación de petróleo avaluados en US$ 26.000 millones, con lo que prepara el escenario para convertirse en un actor preponderante en el mercado global.

La subasta, programada para el 6 de noviembre, allana el camino para que exploradores extranjeros como Exxon Mobil Corp. y Royal Dutch Shell Plc exploten las vastas reservas de petróleo de aguas profundas de Brasil (conocido como Presal), que se estima que contienen suficiente crudo para satisfacer la demanda mundial durante casi seis meses. Brasil está abriendo sus mercados energéticos a empresas privadas a medida que el país intenta pagar deudas y competir con la OPEP para obtener una mayor participación en el mercado.

Se invitará a presentar ofertas por los derechos para desarrollar la región presalina en el Océano Atlántico, frente a la costa de Río de Janeiro, en cuotas, según un aviso oficial. El anuncio es una señal de que Brasil finalmente está preparado para desarrollar la región a medida que el gobierno avanza hacia la resolución de una disputa de un año con el productor de petróleo controlado por la estatal Petrobras respecto a los pagos relacionados con la región presalina.

Exxon y Shell ya manifestaron interés en el grupo de campos de aguas profundas que podrían contener hasta 15.000 millones de barriles de petróleo. Los campos ùAtapu, Búzios, Itapu y Sépiaù se encuentran en el área donde Petrobras obtuvo los derechos de 5.000 millones de barriles de petróleo del gobierno en el 2010. Sin embargo, a medida que Petrobras exploraba la región, encontró mucho más crudo del que tenía derecho a explotar según el acuerdo, con lo que dejó al gobierno con un excedente que planea subastar.

Los posibles ganadores también tendrían que compensar a Petróleo Brasileiro SA, como se conoce formalmente a Petrobras, por las inversiones que la compañía ya ha realizado en las áreas.

El gobierno de Brasil quiere apurar la subasta, ya que busca utilizar los US$ 26.000 millones (106.000 millones de reales) que espera recaudar para ayudar a los estados y municipios a eliminar los déficits fiscales del 2019.

Aún quedan algunos obstáculos por superar: el tribunal de auditoría de Brasil, conocido como TCU, aún no ha emitido una declaración formal que autorice la subasta. No obstante, el jefe del TCU, Raimundo Carreiro, se reunió con los ministros del gobierno brasileño la semana pasada para discutir el tema.

El principal paso restante es una enmienda constitucional aprobada por el Congreso, que permitiría al gobierno federal compartir los honorarios de los derechos de perforación con los estados y municipios y también facilitaría el pago de un acuerdo de US$ 9.000 millones a Petrobras.