El Tribunal Supremo de Brasil dictó ayer una segunda sentencia parcial por las corruptelas de 2005 y condenó a 14 años de prisión a uno de los 25 reos declarados culpables, así como confirmó la pena de 40 años para otro y suspendió el proceso hasta el próximo 7 de noviembre. Los diez magistrados del Tribunal Supremo analizaron el caso del empresario Ramón Hollerbach, implicado en las corruptelas ocurridas durante el primer mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva y decidieron hasta ahora una pena de 14 años y tres meses de cárcel, que es parcial pues aún responde por otros dos cargos. El aplazamiento deja pendientes las condenas de los miembros del llamado "núcleo político", que integran el ex ministro José Dirceu, el ex presidente del PT José Genoino y el antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares. Dirceu aseguró que se declarará "prisionero político" si tiene que cumplir una pena de cárcel tras ser condenado en el juicio.

Hollerbach era socio del publicista Marcos Valerio Fernandes, el primero de los sentenciados y condenado a 40 años, un mes y seis días de prisión, aunque la pena no ha sido proclamada y todavía pudiera ser alterada.

Ambos responden por los mismos cargos de asociación ilícita, corrupción activa, malversación, lavado de dinero y evasión de divisas, pero Hollerbach llegó a ser sentenciado sólo por los tres primeros y los otros dos quedaron pendientes para la próxima sesión, que se celebrará el día 7 de noviembre.

Si bien los cargos eran los mismos, la corte consideró que las responsabilidades de Fernandes en el caso fueron mayores, ya que fue él quien personalmente negoció con el Partido de los Trabajadores (PT) la participación de sus empresas en las corruptelas.

Según la acusación, después de que Lula ganó sus primeras elecciones en 2002, el PT tejió una red que se valió de recursos públicos obtenidos mediante contratos amañados en favor de las empresas de Fernandes y sirvió para financiar campañas y sobornar a dirigentes y diputados de cuatro partidos políticos.

La ley brasileña establece que los reos condenados a un máximo de ocho años tienen el beneficio de un régimen semi-abierto, que los obliga a dormir en la prisión, mientras que aquellos con penas superiores deberán ir a la cárcel una vez que concluya el proceso.

En ese último caso ya se encuadran Fernandes y Hollerbach, cuyas defensas todavía podrían presentar un último recurso para intentar reducir ligeramente las condenas y postergar su encarcelamiento. «