La aclaración, que se conoció en medio de un confuso entredicho con la bancada de senadores del Partido de los Trabajadores (PT), corrió por cuenta de la ministra para las Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti, y se refiere a los papeles que impliquen cuestiones relacionadas con la integridad territorial, la seguridad y las relaciones internacionales. Los documentos más polémicos son los referidos a la dictadura militar (1964-1985) y la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay (1865-1870).

Salvatti defendió la propuesta enviada en el pasado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre el status ultra secreto de los documentos clave de la historia brasileña. “El proyecto que debe discutir el Congreso no es de secreto eterno. Abarca sólo tres asuntos –integridad territorial, seguridad nacional y relaciones internacionales– y será posible pedir la renovación de ese estatus de secreto por otros 25 años”, dijo la ministra encargada de las relaciones con el Poder Legislativo. El caso generó un ácido debate, sobre todo en lo que se refiere a los archivos de la dictadura. La aclaración del gobierno se produjo luego de que el PT, la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos y la Procuraduría General de la República pidieran la “apertura de todos los archivos”.

El gobierno decidió retirar la urgencia de la votación en la ley general de acceso a la información que se tramita en el Senado por pedido de los ex mandatarios José Sarney (1985-1990), actual titular del Senado, y Fernando Collor de Mello (1990-1992), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa.

Como argumento para mantener in eternum el secreto de los documentos oficiales, Sarney, aliado de Rousseff, dijo que “no hay que hacer un WikiLeaks de la historia de Brasil”.

Las Fuerzas Armadas son contrarias a revelar el contenido de los documentos sobre la represión ilegal durante la dictadura; y la Cancillería, los referentes a la guerra del siglo XIX. <