El primer capítulo de Amor y revolución comienza con la ejecución de un grupo de estudiantes por parte de militares. La presidenta, Dilma Rousseff, está dando un fuerte impulso a las investigaciones sobre los Derechos Humanos.
La telenovela se estrenó en un momento en el que la presidenta Dilma Rousseff le da un fuerte impulso a la política oficial de Derechos Humanos, la gran deuda dejada por Luiz Inácio Lula da Silva tras ocho años en el gobierno. Actualmente el Congreso tiene a estudio un proyecto de ley que crea una Comisión de la Verdad y, ayer, el Senado aprobó al fin, a instancias de Rousseff, la Convención Interamericana sobre Desaparecidos, que dormía desde 1994 en el Congreso.
El primer capítulo de Amor y Revolución comenzó con la ejecución de un grupo de estudiantes por parte de un escuadrón militar. La producción fue realizada por el canal SBT, uno de los de mayor audiencia y con alta penetración en los sectores humildes de la sociedad. La telenovela comienza en los años sesenta del siglo pasado, antes del golpe, y concluye en los ’70, cuando las fuerzas armadas masacraron a los rebeldes de Araguia, en la región amazónica. “Estamos a 47 años del golpe, espero que con propuestas como esta tomemos conciencia de lo ocurrido en aquellos años”, dijo Laura Petit da Silva, de Familiares de Muertos y Desparecidos Políticos.
Cada capítulo de Amor y Revolución se cerrará con el testimonio de líderes políticos, como José Dirceu ex presidente del gobernante Partido de los Trabajadores y ministro de Lula. Thiago Santiago, el creador de la telenovela, dijo que espera contar con el mensaje de la propia presidenta, quien fue prisionera política. “La heroína de la novela pertenece a una familia de comunistas, como Dilma, hija de un inmigrante comunista búlgaro”. El autor aclaró que la tira no es un paralelo de la vida de ella, que en los años sesenta integró el grupo armado Vanguardia Popular Revolucionario-Palmares.
A pesar de que fue una de las más prolongadas del subcontinente, la dictadura brasileña permanece ausente del debate político. No hay militares juzgados y en prisión, no existe ningún memorial que recuerde los crímenes de esos años de sangre y en las principales ciudades, como San Pablo o Brasilia hay avenidas que homenajean a los dictadores. Tal es el caso de Umberto Castelo Branco o Emilio Garrastazú Médici, bajo cuyo mandato fue prisionera y torturada Rousseff.
A diferencia de otros países sudamericanos donde a los gobiernos de facto se los llama, sin tapujos, como lo que fueron, dictaduras, en la mayoría de los medios brasileños los militares son identificados, simplemente, como “miembros del gobierno militar” y a los generales que sojuzgaron el país se los menciona como “ex presidentes”. Esta será la primera vez en la que una telenovela llamará a las cosas por su nombre: dictadura al régimen de facto, intervencionistas a los extranjeros que promovieron el golpe de Estado.


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