La noticia sorprendió a los analistas. El ex multimillonario, otrora el hombre más rico de Rusia, es el preso más famoso del país.

Tras dos juicios con condenas muy cuestionadas a nivel internacional en 2005 y 2010 a 11 años efectivos de prisión, se convirtió en el ejemplo citado por los críticos que aseguran que el gobierno de Putin sólo puede sobrevivir si encierra a sus más peligrosos enemigos.

El sorpresivo anuncio de Putin se produjo el mismo día en que una masiva amnistía permitió la liberación de los primeros activistas opositores detenidos por participar en mayo de 2012 en una protesta contra la toma de posesión del presidente.

Dicha amnistía permitirá, además, la liberación de dos integrantes de la banda punk Pussy Riot, y también de 30 activistas del barco de Greenpeace, entre ellos dos argentinos y una brasileña.

Algunos analistas consideraron que estas medidas pueden estar relacionadas con los Juegos Olímpicos en febrero próximo en el balneario de Sochi.

Una serie de líderes occidentales, entre ellos al presidente estadounidense Barack Obama, anunció que no participará en la cita deportiva, en lo que es ampliamente calificado como una reacción a la política de línea dura que Putin aplica en su país.

Varios grupos de derechos humanos han criticado al mandatario por lo que consideran una represión sin precedentes contra los derechos homosexuales a través de una ley que prohíbe "propaganda homosexual" entre menores, y también contra líderes opositores como Alexei Navalny, que tiene una sentencia de cinco años de prisión en suspenso por cargos de defraudación.

Otros argumentan que la decisión sobre Khodorkovski demuestra que Putin, que fue seleccionado en octubre de este año como la persona más poderosa por la revista Forbes, está actuando desde una posición de fortaleza.

"Ya no ve a Khodorkovski como una amenaza. Éste es también el veredicto de Putin sobre la oposición rusa en general", analizó Dimitri Trenin, jefe del Centro Carnegie de Moscú, en la red social Twitter.

Khodorkovski, que financiaba a grupos opositores hasta su arresto en 2003, considera que los cargos de evasión fiscal y defraudación, así como los dos procesos en su contra, representan un castigo político.