El proyecto de ley de blanqueo de capitales y de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” trae implícito un plan para pagar los juicios por actualización de haberes previsionales con la venta de las acciones en empresas privadas que administra la Anses a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El círculo se cierra con la ronda de reuniones que viene manteniendo en Wall Street el administrador de ese fondo, Luis Blaquier, anunciando la próxima salida al mercado de esos títulos.

Blaquier, titular del FGS, estuvo en Wall Street de

lobby por la liquidación de los títulos del Estado

La iniciativa ómnibus que entró el martes por la noche la Cámara de Diputados tiene 91 páginas y 94 artículos. Contiene también, como se preveía, el acuerdo alcanzado con los gobernadores por la retención del 15% de coparticipación que ejecuta la Anses a las provincias, que se irá reduciendo en 3 puntos por año; la suba del piso del impuesto a los Bienes Personales, que una vez sancionada la ley subirá a 800 mil pesos y se irá incrementando anualmente hasta su extinción a partir de 2019; y la creación de la “Pensión para el Adulto Mayor”, a la que podrán acceder los mayores de 65 años que no sean beneficiarios de jubilaciones, pensiones o planes sociales, que ascenderá al 80% del haber mínimo.

Como se adelantó también, los socios del PRO en Cambiemos, la UCR y la CC-ARI de Elisa Carrió, ganaron la pulseada interna y lograron excluir del proyecto la posibilidad de que funcionarios puedan ingresar al plan para blanquear bienes no declarados, pero el Gobierno extendió el período de exclusión para quienes hayan ocupado cargos públicos de 2010 en adelante. Si podrán hacerlo, si quisieran, jueces y legisladores.

Como adelantó BAE Negocios la semana pasada, la iniciativa contempla la derogación de la ley de Protección de las Participaciones Sociales del Estado Nacional, la cual exigía un aval parlamentario extraordinario -dos tercios de las dos cámaras- para deshacerse de cualquiera de las acciones que componen el FGS y que permiten tener representación estatal en empresas como el Banco Macro, Grupo Clarín, Siderar, Gas Natural BAN, Molinos Río de la Plata, Quickfood o Telecom, entre muchas otras.

A esto sumo un artículo clave, el 26, que permite atender “con recursos del FGS” el pago de las sumas previstas para el cumplimiento de los “acuerdos transaccionales” que prevé el proyecto como programa para que el Gobierno cumpla con su promesa de pagar los juicios por actualización de jubilaciones con sentencia firme y los que están en trámite judicial. Esos acuerdos requerirán homologación judicial, según consta en la ley, por lo que se necesitará la intervención de abogados en cada caso, algo que parte de la oposición rechaza porque abre la puerta a un multimillonario negocio de comisiones que identifican, con pocas dudas, en la figura de Daniel Angelici, el operador del macrismo en la Justicia Federal y autoridad electa en el Colegio porteño de abogados.

El proyecto aclara, también, que se podrán usar fondos del FGS mensualmente para cubrir la diferencia financiera que surja entre las erogaciones actuales de haberes y las que requerirán las jubilaciones actualizadas. En el Gobierno estiman en 75.000 millones de pesos por año los aumentos a jubilados y en unos 50.000 millones los necesarios para hacer frente a los litigios.

Funcionarios públicos desde 2010 no podrán

blanquear bienes no presentados en sus DD.JJ.

Lo recaudado por los impuestos especiales que recaerán sobre los fondos y bienes que ingresen al blanqueo irán directo a la Anses. Aunque los que ingresen a este plan con blanqueo superior a 800.000 pesos también podrán optar por pagar el impuesto especial con la entrega de títulos Bonar 17 y Global 17. Y quedarán eximidos del impuesto los que inviertan el dinero que pretendan blanquear en dos bonos nuevos en dólares, a tres y seis años, o invertir en Fondos Comunes destinados a proyectos de infraestructura, inmobiliarios, energéticos o productivos, a pymes, préstamos hipotecarios o economías regionales.

Dólar de referencia

El blanqueo tomará como referencia, para el cálculo del impuesto a los fondos no declarados la cotización del dólar al 31 de diciembre pasado, cuando la divisa cerró $13,40. La elección de ese día como fecha de corte significará un ahorro cercano al 6%, en comparación con el precio del dólar de ayer, para los que saquen a la luz fondos en dólares no declarados y deban pagar el impuesto especial, que será de 5% para los que declaren menos de 800.000 pesos y del 10% por encima de ese tope. Por lo que en muchos casos significará la absorción plena del impuesto sólo por diferencia de cotización.